La Asociación Nacional de Periodistas del Perú considera de su deber expresar su rechazo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo con el propósito de modificar el artículo 162 del Código Penal, porque constituye, en parte, una grave amenaza contra la libertad de expresión y, en especial, de la libertad de prensa, derechos amparados por la Constitución Política del Estado, el Código Penal y los convenios internacionales suscritos por el Perú.
Llama la atención que los autores del proyecto incluyan como responsables de los delitos que amparan el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones personales, a quienes tienen el deber de informar con la verdad cuando se trata de hechos que afectan el bien público.De la misma manera, resulta contradictorio que los autores no hayan tomado en cuenta que frente al grave problema creado por la corrupción de funcionarios públicos, es menester proteger y defender el libre ejercicio de la profesión periodística por el significado que tiene para bien de la salud moral del país. En pocas palabras, en una verdadera democracia, para que llegue el mensaje, hay que proteger al mensajero.En ese sentido, demanda del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, la adopción de medidas que permitan el fiel cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información y Transparencia, la misma que en muchos casos se ha convertido en inoperante por los obstáculos que existen para su fiel cumplimiento.
Lima, 27 de enero del 2008
Comité Ejecutivo Nacional
Llama la atención que los autores del proyecto incluyan como responsables de los delitos que amparan el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones personales, a quienes tienen el deber de informar con la verdad cuando se trata de hechos que afectan el bien público.De la misma manera, resulta contradictorio que los autores no hayan tomado en cuenta que frente al grave problema creado por la corrupción de funcionarios públicos, es menester proteger y defender el libre ejercicio de la profesión periodística por el significado que tiene para bien de la salud moral del país. En pocas palabras, en una verdadera democracia, para que llegue el mensaje, hay que proteger al mensajero.En ese sentido, demanda del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, la adopción de medidas que permitan el fiel cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información y Transparencia, la misma que en muchos casos se ha convertido en inoperante por los obstáculos que existen para su fiel cumplimiento.
Lima, 27 de enero del 2008
Comité Ejecutivo Nacional
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