Luis García Miró ElgueraDefensa Civil –o Indeci– es un mito aprovechado por los políticos que llegan al gobierno para presumir que el Perú es un país civilizado, para fanfarronear que contamos con un organismo dedicado a prevenir desastres y a socorrer a la sociedad cuando los accidentes naturales –o aquellos provocados por el hombre– causan una emergencia nacional.
Defensa Civil suena entonces a solución mágica para evitar catástrofes y para atender desgracias fortuitas. Pero en rigor, Defensa Civil es apenas una entelequia; un engaño para que el pueblo se crea amparado.
O sea, una falacia más de nuestro inútil establishment, siempre tan presto a engañar al vulgo con iniciativas que suenan estupendamente bien en la propuesta pero que, traducidas a la norma –es decir, puestas en blanco y negro en un dispositivo que traduzca el verbo en praxis–, resultan como todas nuestras leyes siendo instrumentos anodinos, inoperantes, divorciados por completo de la realidad.
La monumental emergencia –sin atención del Estado– que sufrieran Ica, Pisco, Chincha o Cañete confirma esta afirmación.
Como ahora lo hacen Cusco, Puno y otras regiones víctimas de un diluvio estival que debió ser previsto, si bien quizá no en toda su magnitud, cuando menos teniendo en el partidor a equipos de asistencia rápida y efectiva.
Es más, todas las riberas de los ríos que cruzan Lima –Rimac, Chillón, Lurín, etc.– son una bomba de tiempo por falta de un sistema que prohíba arrojar basura a los cauces de esas vías de agua, vías que en cualquier momento pueden convertirse en riadas que arrasen las viviendas construidas a la vera de esos ríos –donde por cierto debería estar absolutamente prohibido hacerlo– y con los cada vez más escasos terrenos ribereños que aún quedan en la capital.
Pero Defensa Civil, reiteramos, es incapaz de poner coto a algo tan elemental como esto.El problema arranca por la falta de presupuesto. El establishment crea instituciones de manera irresponsable, sin condicionar su vigencia a la entrega –obligada– cada año de los fondos presupuestales para que funcionen como señala su ley de creación.
Allí empieza la mentira, el engaño al ciudadano. Sendos organismos estatales con etiquetas rimbombantes que no operan por falta de recursos.
Aunque, eso sí, tan pronto se promulga la norma que les da vida automáticamente resultan poblados por una burocracia que se dedica a crear cuanto reglamento y directiva pueda uno imaginar para “organizar” su funcionamiento, mediatizando así cualquier iniciativa, y por tanto paralizando su accionar por más elemental que éste sea.
Indeci no debe servir para que el país se frustre –aún más– tras sufrir alguna de las implacables desgracias con las que nos acostumbra a castigar la Madre Naturaleza.
Si los gobernantes fueran conscientes deberían dotar a este instituto de los fondos necesarios para que opere como reloj suizo.
No es posible que siga, como hasta hoy, limitado a mostrar un sinnúmero de memorándums, informes, estrategias, planes de acción, etc., que, en la práctica, no ejecuta por falta de recursos.
Empezando porque Indeci necesita contar con un sistema de transporte rápido y eficaz –basado en una flota de helicópteros muy ágil– que haga que la ayuda del Estado llegue de inmediato a todo punto del territorio nacional.
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