CONTRALORÍA FISCALIZA A GOBIERNO REGIONAL DE LIMA,Auditoría se viene ejecutando hace un mes de manera reservada para no poner en alerta a funcionarios

Oscar Guerrero Torres
Redacción
La Contraloría General de la República inició una Auditoría Nacional a 92 entidades públicas, que juntas han manejado más de 800 millones de nuevos soles. Entre las entidades auditadas se encuentra el Gobierno Regional de Lima que preside Javier Alvarado Gonzales del Valle.
El plan fiscalizador lleva la denominación de “Machu Picchu” y está dirigido a las instituciones que tienen el mayor número de denuncias de malos manejos y aquellas que administran un alto presupuesto, como ministerios, gobiernos regionales y municipales.
El monto a revisarse asciende a S/. 837’796,497 entre partidas correspondientes a obras (213’368,527), contrataciones (188’412,369), presupuesto (7’624,054), recursos humanos (2’804,907), exoneraciones (1’563,217) y otros (424’023,423).
En esta acción investigadora, Contraloría le ha puesto el ojo a 19 entidades públicas entre las que se encuentran los ministerios de Defensa, Interior y Cultura, Poder Judicial, Essalud, el Fondo Mivivienda y el Gobierno Regional de Lima, entre otros.
El Procurador Público de la Contraloría se encargará de iniciar acciones legales ante el Ministerio Público en los casos en que se adviertan indicios razonables de la comisión de un delito contra la administración pública.
La auditoría debe culminar a fines del mes en curso y tiene como objetivo comprobar si hay un manejo transparente y eficiente de los bienes y recursos públicos. Ojalá que este examen sea completo y no pase por alto las denuncias del manejo realizado en el Gobierno Regional de Lima.
Un total de 327 auditores han sido desplazados por todo el país, con la misión de fiscalizar las obras de construcción, contrataciones, exoneraciones, entre otros procesos en los que se advierte riesgo de malos manejos. Las 92 instituciones seleccionadas fueron sometidas a análisis de riesgo, y se dio la priorización de ser auditadas de inmediato, en base a las denuncias efectuadas por el periodismo y las que hizo la ciudadanía, considerándose también a las que manejan altos presupuestos.
El año pasado se realizó el “Plan Cóndor 2010”, y de allí salieron algunos indicadores sobre el comportamiento de las instituciones públicas, habiendo un 10 por ciento de instituciones públicas que presentan algún tipo de pérdida para el Estado.
El gran problema que afrontan las instituciones públicas es que no cuentan con personal calificado que hacen las funciones de Jefe del Órgano de Control Interno, pues muchos de ellos creen que son empleados de la autoridad o funcionario y no se atreven a vigilar el accionar de éstos y menos de hacer el control posterior al cual están obligados.
Hasta el momento, aparte de los 10 mil funcionarios apristas denunciados por corrupción, existen 560 que ya están en la lista negra, a quienes se les aplicará sanciones administrativas que van desde la amonestación, hasta la separación del cargo.
EN HUACHO, FISCALES PROTEGEN A DENUNCIADOS POR CORRUPCIÓN
La intervención de la Contraloría es necesaria y oportuna. Con mayor razón ahora que se maneja una mejor logística y presupuesto para realizar un trabajo más acorde con la realidad.
Hasta antes de la designación del Contralor Fuad Khoury Zarzar, la Contraloría estaba ‘pintada en la pared’ como se dice criollamente, porque su trabajo pasaba desapercibido y las denuncias que se hacían ante esa entidad eran ninguneadas.
Hace varios meses que la Municipalidad Distrital de Santa María presentó una denuncia contra el ex Alcalde Víctor Zegarra Fernández, pero hasta la fecha no camina. No hay respuesta del Contralor y Zegarra Fernández sigue riéndose del pueblo de Santa María. Incluso hasta sale a la radio para criticar a la gestión actual.
El trabajo que realice la Contraloría con el plan “Machu Picchu” va a determinar responsabilidades no solamente en el Gobierno Regional de Lima, sino también en las otras entidades públicas y se tendrá que efectuar las denuncias penales con la intervención del Procurador Público.
El problema será cuando esa denuncia llegue al Ministerio Público de Huaura. Aquí es cuando sale la protección que otorga el cuestionado y denunciado Ministerio Público de Huaura, pues cuando se trata de funcionarios públicos o de autoridades, la mayoría de los casos se archivan.
Allí está por ejemplo el descarado archivamiento del caso “Desagravio”, donde los trabajadores del Gobierno Regional de Lima de la gestión de Nelson Chui, se embolsicaron más de dos millones de nuevos soles y el Fiscal Feliciano Francia archivó este delicado caso, sin que el Procurador Público del Gobierno Regional vaya en Queja de Derecho ante la instancia superior.
Por el Ministerio Público de Huaura pasó una larga lista de denuncias contra el ex Alcalde de Santa Leonor, Teódulo García. Sin embargo, este personaje sigue libre. La lista de denunciados es larga, sin embargo los culpables no están en la cárcel e Carquín. Aquí hay responsabilidad de la anterior gestión de la Contraloría y del ineficiente Ministerio Público de Huaura.
Hace poco llegó al distrito de Végueta un equipo de Contraloría. Se conoce extraoficialmente que la cosa no habría marchado bien en la Municipalidad de ese distrito. Se espera que el informe final determine responsabilidades, si es que la hay.
SECTOR EDUCACIÓN, EL FLANCO PREFERIDO DE LA CORRUPCIÓN
Desde que el Gobierno Central transfirió el sector Educación a los Gobierno Regionales, se ha convertido en el flanco preferido de la corrupción. Las Ugeles han sido el centro de las más graves denuncias, pero misteriosamente ningún director que haya pasado por estas cuestionadas instituciones ha sido sentenciado.
El Director Regional de Educación Ricardo Dolorier Urbano aclaró que los actos de corrupción se deben a la existencia de “profesionales corruptos de la gestión del ex presidente Nelson Chui, que aún continúan laborando en el sector Educación”.
Este es el panorama que deben haber encontrado los auditores de la Contraloría General de la República, esperándose sanciones drásticas.
Y no olvidarse, señor Contralor, que la denuncia contra el ex Alcalde de Santa María, espera atención y respuesta.
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