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POBLADORES DE ASIA PIDEN SANCIÓN PARA TRAFICANTES DE TERRENOS ANTE COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

El deseo de la Comisión es no permitir
que estos seudodirigentes puedan
disponer de terrenos y propiedades
de los comuneros
La venta de extensas áreas de terreno de playa y de cultivo con la aparente anuencia de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), denunciaron autoridades y pobladores de la Comunidad Campesina de Asia, en audiencia pública que realizó en esa localidad la Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Martín Belaúnde Moreyra (SN).
Ante el constante clamor de la población Belaúnde Moreyra se comprometió a evaluar, estudiar y tomar acciones legales contra los que resulten responsables. Anunció que el tema será visto en la comisión y de ser posible invitar a los representantes de la Sunarp para conocer sus puntos de vista ante las demandas de los representantes de la comunidad campesina.
“Yo reitero mi compromiso con el noble pueblo de Asia, y les exhorto a la tranquilidad, confianza y serenidad, porque la comisión desplegará los máximos esfuerzos para que se haga justicia”, señaló el parlamentario.
En el mismo sentido se pronunció el legislador Agustín Molina, quien recordó que la Constitución política del Perú y la ley de Comunidades Campesinas protegen a los terrenos comunales.
Dijo que después de escuchar las denuncias de la comunidad queda demostrado el tráfico de tierras en Asia y se comprometió también a investigar a profundidad para que caigan los responsables.
“El deseo de la Comisión es no permitir que estos seudodirigentes puedan disponer de terrenos y propiedades de los comuneros. La ley de comunidades campesinas no lo permite porque son tierras dirigidas a la actividad agrícola”, refirió.
A su turno, el alcalde de Asia, José Arias, destacó la presencia de los miembros de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, al tiempo de manifestar su larga lucha por impedir la venta ilegal de los terrenos comunales.
Asimismo, pidió apoyo a los parlamentarios para lograr la derogatoria de las leyes 2605 y 26845, por considerar que perjudican los intereses comunales.
La reunión concluyó con un pasacalle por las principales calles de la comunidad, donde los pobladores pidieron justicia y cárcel para los responsables.

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