Luego de haberle dado oportunidad al fujimorista Melgar Valdez, a su
derecho de rectificación, ejercemos nuestro derecho de réplica para insistir en
el punto de vista que hemos sostenido desde un comienzo que es que el
congresista debe ser investigado por la Comisión de Ética por la cadena de
indicios graves que lo señalan como una persona proclive a la trampa y al
aprovechamiento del patrimonio público, lo que contradice su función actual de
representante de la nación. Veamos:
1) No existe un debate sobre las tecnologías que el señor Melgar afirma
emplear para el uso del agua en sus tierras, sino una sanción de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) por emplear mucha más agua de la que estaba autorizado
y en predios que no eran los declarados, como el propio congresista lo reconoce
aunque diga que ha impugnado ante instancias superiores. Lo que sí es de notar
es que una inspección judicial ha encontrado recientemente que tierras que eran
del Estado y que fueron declaradas en posesión productiva, están realmente
abandonadas y sin riego, lo que pone por lo menos en interrogantes su
hipotéticamente ejemplar tecnología del agua de riego.
2) El intento de transferir la responsabilidad sobre los errores de uso
del agua asignada a la Comisión de Regantes de la zona no parece muy digno de
un empresario agrario exitoso, pero aún si fuera cierto que los encargados no
abrían y cerraban las tomas en los horarios adecuados, habrá que hacerle
recordar al congresista agricultor el nombre de don Eugenio Bravo Rosales,
presidente de la comisión de regantes del subsector de riego San Felipe que
abastece a Agropecuaria San Ramón SAC y que ya lleva ocho años en el cargo, a
pesar de que los estatutos prohíben su reelección, por influencias del
empresario Melgar Valdez.
3) Nadie ha dicho tampoco que los terrenos que ahora dispone don Elard
Melgar sean ilegales, en el sentido de que algún tribunal hubiera dictaminado
tal condición. Por el contrario hemos dicho que el señor Melgar consiguió
hacerse de 415 hectáreas de propiedad del Estado arguyendo “prescripción
adquisitiva de dominio”, en otras palabras abandono del propietario y ocupación
pacífica, continuada y pública de los terrenos por espacio de diez años, siendo
favorecido por el Poder Judicial (que según se dice hizo una constatación de la
posesión en tierras que no eran las reclamadas) y la procuraduría del
ministerio de Agricultura que apeló a destiempo el fallo de primera instancia.
4) Finalmente tampoco se ha dicho que el actual congresista esté
enjuiciado penalmente, sino que lo estuvo por incurrir en “denuncia calumniosa”
para no reconocer un contrato y una letra que había firmado con el que fuera
gerente de tres de sus empresas, asunto que arregló a través de una transacción
extrajudicial con la que reconocía que el contrato y el documento de garantía
eran válidos (ante el juez había declarado que eran fraudulentos y que su firma
y la de su esposa habían sido falsificados). Este caso que debió concluir en su
condena por estar demostrado que quiso abusar de la Justicia, concluyó en una
absolución posterior al acuerdo de las partes, cuando el delito ya estaba
cometido.
5) El congresista que nos rectifica finalmente se ha olvidado de
explicar entre otras cosas, porqué declaró cero ingresos y rentas en su
documento de hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones, ahora que
varios de sus colegas están siendo denunciados por falsa declaración; y qué
significa que en l misma ficha de Registros Públicos en la que renuncia al
cargo de gerente general de Agropecuaria San Ramón SAC, cediéndoselo a su hijo,
aparezca su nombramiento como Apoderado de la empresa con poderes amplios ante
bancos, financieras y otros contratistas que lo mantienen como el personaje
central de la empresa, violando la ley.
Como se ve, el tema del congresista ronda bastante el tema de ética con
la que actuamos para hacer negocios y que no tiene que ver con terceras
personas, sino con la responsabilidad y honestidad con la que se ejercen los
cargos de representación.
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