Por Vladimir Alexander Rojas
Hinostroza
Es difícil encontrar en los
planes de gobierno de las administraciones regionales y locales, un capítulo
especial y/o agenda concreta relacionada a la mejora salarial del capital
humano. Por ende, es fácil deducir que nuestras autoridades no sabrán emprender
justas peticiones al gobierno central en beneficio de los trabajadores.
Lamentablemente esa debilidad
política ya pasó factura: De manera silenciosa, a fines del 2012, el gobierno
de Humala asesinó el derecho de miles de trabajadores públicos (salud,
educación, administrativos, etc.), quienes ya no podrán exigir al presidente
regional o alcaldes en la Región Lima, que les nivelen o aumenten sus sueldos o
bonificaciones.
Sobre ello, el pasado 27 de
enero se publicó en un medio nacional, un comunicado suscrito por ex ministros
de trabajo y reconocidos laboralistas, quienes señalaban que la Ley de
Presupuesto del 2013 desconocía los Derechos Laborales. Tal análisis llevó al
periodista Alberto Adrianzén a titular que “Ser trabajador está prohibido”.
¿Qué hay de cierto en ello?,
pues la respuesta la encontramos en el Artículo 6 de la Ley 29951 (Presupuesto
Público 2013), donde se indica que está prohibido en los gobiernos regionales y
locales, el incremento o reajuste de remuneraciones y bonificaciones, así como
la aprobación de nuevos beneficios.
Y el ensañamiento con el
derecho laboral no quedó ahí, pues la citada ley hasta prohíbe las
negociaciones colectivas, y declara nulos los arbitrajes que versen sobre la
materia. En buen romance, fue un asesinato con desaparición del cuerpo.
Y más terrible aún, porque si
queda algún derecho laboral en vida, la ley de Humala Tasso, sentencia a los
árbitros que aprueben pactos colectivos con ser excluidos en procesos futuros,
es decir, no podrán trabajar.
Suena escalofriante lo
anterior, pero es una penosa realidad. A las autoridades se les pudo pasar
observar tal norma, pero a los sindicatos regionales y locales no;
lamentablemente hasta la fecha en nuestra localidad no se ha emitido comunicado
alguno rechazando tal medida.
Aunque se anuncien huelgas o
paralizaciones, nada podrán hacer ni el gobierno regional, ni los municipios
para atender el justo reclamo de la clase trabajadora.
Y sobre esto deberían hacer un
mea culpa ambas partes, más aún si el proyecto de dicha norma se publicó
semanas antes de su publicación, pero en la región Lima no se presentó objeción
alguna a la misma.
¿Harán algo desde el Gobierno
Regional de Lima, municipalidades provinciales y distritales para revertir tan
inconstitucional norma?
¿Adoptarán medidas concretas y
rápidas los sindicatos en las 9 provincias de la Región Lima?
Esperemos
no ser testigos del entierro de los derechos laborales en nuestras localidades
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