Sin señal en la prisión

Domingo visitó La Cantera de Cañete, el primer penal donde se han instalado bloqueadores de celulares, y aunque comprobó que funcionan, el camino para acabar con las extorsiones desde las cárceles todavía es largo: algunas operadoras no colaboran. 

Escribe: Renzo Gómez.

Condones inflados como pelotas, flotando en las aguas marrones del baño común de un pabellón; en  medio de rebanadas de pan; o escondidos en el calor de una vagina o un ano. Esas son las modalidades más ingeniosas para ingresar  u ocultar celulares que Martín Apolaya recuerda  en los más de diez años que lleva como funcionario del INPE, en el penal La Calera de Cañete.

Desde que a mediados del año pasado se anunció que se instalarían unos dispositivos electrónicos para bloquear las llamadas desde los móviles, la gran mayoría de internos ha reservado la criollada para otros asuntos.  Según estadísticas del propio penal han sido incautados en el último año tan solo diez aparatos telefónicos.

Inaugurado en el 2001, el penal La Calera, ubicado en el distrito Nuevo Imperial, en medio de dos cerros, hasta donde se llega por una carrera asfaltada por los baches, fue elegido por su poca peligrosidad y menor hacinamiento (2119 internos para una capacidad de 1200) para iniciar un proceso que debe frenar las contínuas extorsiones que se urden desde las cárceles.

Una disposición que no es reciente, pero que nunca terminó de cuajar en el pasado. En mayo de 2014, una sola llamada, de apenas 20 segundos, desnudó lo que parecía ser una buena iniciativa: el congresista José León, en el penal El Milagro de Trujillo, llamó al entonces premier Walter Albán. Aquel “aló, ministro”, en televisión nacional,  demostró que  el sistema fallaba.

Falla todavía. Los bloqueadores, adquiridos por la (DINI) por un aproximado de un millón de dólares, para El Milagro y Picsi (Chiclayo) funcionan actualmente al 60% y 95%, respectivamente.

A fines de junio de 2014, luego de dos años y medio de burocracia, el consorcio Prisontec se adjudicó la buena pro del proyecto para implementar el servicio de seguridad tecnológica, en principio, en 33 de los 67 recintos penitenciarios del país. De inmediato se lanzó un cronograma auspicioso, que ha empezado a llenarse de retrasos.

Choque de potencias

Después de un recorrido veloz por pabellones y talleres, subimos a uno de los techos  desde donde se observan los cuatro gabinetes, ubicados en los torreones de La Calera. Cada uno de ellos contiene cuatro jammers o bloqueadores.

Un técnico y tres ingenieros, con aparatos de color plomo, con una antena, llamados analizador de espectro, merodean por los pasillos. Se trata de una cuestión extraordinaria: solo un ingeniero, en este caso Vladimir Fiestas, opera en cada cárcel. Sus otros compañeros están desde hace una semana realizando mediciones. ¿La razón? Dos operadoras de telefonía Bitel y Entel, que cuentan con antenas a 1700 y 980 metros al suroeste, respectivamente, han estado subiendo su potencia constantemente, obligándolos a hacer lo mismo.

En otras palabras: vulneran el sistema. Entre el 4 de junio -cuando arrancó todo- y el 4 de agosto se filtraron 14 llamadas  de un total de 237 mil llamadas. Es mínimo pero significativo. Y revelador.

“Contra la voluntad del operador de meterse a la prisión no se puede. No lo bloquea ni Dios. Te rompen el espacio por los clientes”, se queja Augusto Fernández, gerente general de Prisontec. Mientras detectan  la filtración y elevan la potencia pueden pasar horas y, por ende, abrir una ventana al delito.

Hace poco, cuando se encontró una antena de Claro, en un asentamiento humano cercano al penal San Juan de Lurigancho, la empresa alegó que si salían llamadas desde el interior del centro de reclusión era plena responsabilidad del INPE. Y que no podían dejar sin comunicación a los barrios aledaños.

La razón los asiste hasta cierto punto, en la medida que no atenten contra la seguridad ciudadana. Y  los vecinos, al fin y al cabo, son los más perjudicados. En Cañete, hace menos de un mes, hubo una protesta de pobladores incomunicados.

Si eso sucede con un penal en una zona no urbana, ¿qué ocurriría con los que se encuentran en la ciudad? Prisontec asegura que colocarían unos reflectores detrás de las antenas para direccionarlas hacia adelante sin incomodar a nadie.

 El jefe del INPE, Julio Magán, por su parte,  promete convocar una reunión con las operadoras en el transcurso de agosto. “No puede ser posible que hagamos el esfuerzo y nos coloquen una antena en las narices. El compromiso tiene que ser de todos”. ¿Bastará solamente con el diálogo?

Intervención prohibida

Rubén -un sesentón robusto de buzo- saca de su billetera un trozo de cartón donde tiene apuntados 19 números de familiares y amigos cercanos.

Sin embargo es a su mamá Olga, una señora de más de ochenta años, a la que llama todos los días. Antes gastaba 70 soles mensuales, con los nuevos teléfonos (89 en todo el centro carcelario) ahorra cerca de veinte soles. Las llamadas a celular cuestan 22 céntimos, y a fijo 9 céntimos.

Al implantar esta telefonía, donde los internos digitan su DNI y una clave, las llamadas son registradas, y puede conocerse el número de destino. No obstante, no pueden ser interceptadas. De repetirse los números -aunque alguna manera encontrarán los delincuentes de sacarle la vuelta-  se establecerían los nexos de las bandas. 

Para Gino Costa, exministro del Interior, de todas formas, esta podría convertirse en  una falencia considerable. “No veo por qué el sistema de escucha no pueda ser permanente, cuando el peligro está allí, y también puede salir de un teléfono fijo. ¿Cuál es la diferencia si bloqueas pero no ejerces ninguna fiscalización”.

Solo con una orden de un juez para casos puntuales esto sería posible. De otra forma, lamentablemente, sería inconstitucional.

Demoras

Actualmente el Ministerio de Justicia y el INPE  son quienes se encargan de supervisar el funcionamiento del sistema.  Para Fernández de Prisontec, Proinversión debió nombrar a una empresa independiente.

“No es su culpa. Hacen lo que pueden, pero no van a capacitarse en seis meses”, señala. El INPE cuenta con un equipo de seguridad tecnológica de tan solo nueve miembros. Son estos nueve miembros los que se dividen la supervisión y el análisis de los estudios técnicos.

Sólo con el visto bueno del INPE, Prisontec puede ingresar a las cárceles. En teoría, este análisis no debería tardar más de tres semanas o un mes. En el caso de Cañete la aprobación demoró cerca de tres meses.

Según el cronograma las obras en los penales de Chincha, Trujillo y Chiclayo ya deberían haber comenzado. Sin embargo, todavía están a  la espera de la conformidad del estudio técnico.

“Reconocemos que demoramos mucho en Cañete, pero la experiencia nos va a hacer cada vez más listos. La meta es concluir con 40 de los 67  centros de reclusión en julio de 2016”, dice Julio Magán, quien reconoce que en la mayoría de casos el ingreso de los celulares a las cárceles se debe a la corrupción de  malos elementos de las instituciones policiales y penitenciarias. “En lo que va del 2015 hemos sancionado a 47 servidores”, agrega.

Mientras tanto, los megaoperativos  del INPE continúan su marcha con una frecuencia mensual. En una semana el sistema de bloqueos concluirá en el penal de Huaral, y en el del Callao dentro de un mes, con los ajustes. Pero, ¿qué pasará cuando toque iniciar las obras en el de Lurigancho, en diciembre ? ¿Permanecerá la antena de Claro? Es algo que debe definirse ya.