Una perla más en el rosario de
corruptelas del APRA. El abogado Luis Antonio Galindo Cárdenas denunció al
dirigente del Partido Aprista Manuel Andrés Santos García de ser cabecilla de
una red de tráfico de terrenos entre Chilca y los balnearios del sur, y que
opera con los métodos usados por la red del abogado y empresario Rodolfo
Orellana, con el apoyo de notarios, jueces, fiscales y abogados.
“Es una red mafiosa enorme,
solo en San Bartolo se adueñaron con el apoyo de autoridades judiciales corruptas
y de su partido de más de ochenta terrenos, aparte de un sin fin de lotes de
15, 20 y más hectáreas en diversas zonas”
Galindo, quien dijo tener
documentos de compra y venta y de los arbitrios que durante años pagó en el
municipio distrital por su propiedad, dijo que “incluso el local donde funciona
el Partido Aprista en San Bartolo es mío, pero Santos se apropió de él, por lo
que lo he demandado judicialmente”, afirma.
ANTECEDENTES
Según documentos del
Ministerio Público obtenidos por Galindo, en 1998 Santos fue condenado por los
delitos de apropiación ilícita y estafa y en agravio de Rubén Mansilla San
Miguel. En la Fiscalía Provincial de Lurín, Santos fue acusado junto a Eugenio
Huari Huapaya, por los delitos de apropiación ilícita, fraude procesal y
falsificación documentaria en agravio de la Municipalidad distrital de San
Bartolo.
Huari Huapaya fue alcalde de
San Bartolo en la década del 90 y posteriormente fue apresado por la Policía
Judicial por orden del Tercer Juzgado Penal para Reos en cárcel de Lima y del
juzgado mixto de Lurín, acusado de dirigir una organización dedicada al tráfico
de terrenos en el sur de Lima.
CÓMPLICES
Galindo Cárdenas, aseguró que
asociaciones de Vivienda como el Golf de San Bartolo, denunció a Santos García
como cabecilla de la presunta red de tráfico de terrenos en las urbanizaciones
Las Orquídeas y Miguel Grau de ese balneario.
Según las referidas
asociaciones, Santos García tiene procesos en investigación y denuncias
policiales por falsificar y fraguar documentos públicos de posesiones a su
nombre “y transferirlas a terceros que son cómplices o que caen víctimas de sus
estafas”.
(Denis Merino-Diario UNO)
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