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Denuncian mafia de terrenos en el sur

Una perla más en el rosario de corruptelas del APRA. El abogado Luis Antonio Galindo Cárdenas denunció al dirigente del Partido Aprista Manuel Andrés Santos García de ser cabecilla de una red de tráfico de terrenos entre Chilca y los balnearios del sur, y que opera con los métodos usados por la red del abogado y empresario Rodolfo Orellana, con el apoyo de notarios, jueces, fiscales y abogados.

“Es una red mafiosa enorme, solo en San Bartolo se adueñaron con el apoyo de autoridades judiciales corruptas y de su partido de más de ochenta terrenos, aparte de un sin fin de lotes de 15, 20 y más hectáreas en diversas zonas”

Galindo, quien dijo tener documentos de compra y venta y de los arbitrios que durante años pagó en el municipio distrital por su propiedad, dijo que “incluso el local donde funciona el Partido Aprista en San Bartolo es mío, pero Santos se apropió de él, por lo que lo he demandado judicialmente”, afirma.

ANTECEDENTES
Según documentos del Ministerio Público obtenidos por Galindo, en 1998 Santos fue condenado por los delitos de apropiación ilícita y estafa y en agravio de Rubén Mansilla San Miguel. En la Fiscalía Provincial de Lurín, Santos fue acusado junto a Eugenio Huari Huapaya, por los delitos de apropiación ilícita, fraude procesal y falsificación documentaria en agravio de la Municipalidad distrital de San Bartolo.

Huari Huapaya fue alcalde de San Bartolo en la década del 90 y posteriormente fue apresado por la Policía Judicial por orden del Tercer Juzgado Penal para Reos en cárcel de Lima y del juzgado mixto de Lurín, acusado de dirigir una organización dedicada al tráfico de terrenos en el sur de Lima.

CÓMPLICES
Galindo Cárdenas, aseguró que asociaciones de Vivienda como el Golf de San Bartolo, denunció a Santos García como cabecilla de la presunta red de tráfico de terrenos en las urbanizaciones Las Orquídeas y Miguel Grau de ese balneario.

Según las referidas asociaciones, Santos García tiene procesos en investigación y denuncias policiales por falsificar y fraguar documentos públicos de posesiones a su nombre “y transferirlas a terceros que son cómplices o que caen víctimas de sus estafas”.
(Denis Merino-Diario UNO)
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