No han cumplido ni la mitad de
sus mandatos como autoridades edilicias, pero ya hay grupos de vecinos contando
las horas para enviarlos a sus casas. Eso es lo que evidencia la compra de kits
de revocación que, solo en Lima, afectaría a siete jurisdicciones y causaría
gastos por no menos de S/74’777.966 al Estado.
Según la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE), desde el 1 de junio, cuando empezó la venta de
kits, se han recibido 190 solicitudes en el país. De ellas, solo 51 fueron
aprobadas, más de la mitad para autoridades
distritales.
En la capital, los promotores
que alcanzaron un kit están en Lima Metropolitana, San Isidro y Punta Negra. En
Lima Provincias: Asia y Cerro Azul (Cañete), Santa Eulalia (Huarochirí) y
Lincha (Yauyos).
En marzo del 2013, 6’300.000
limeños participaron en la revocación de la entonces alcaldesa Susana Villarán.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, la ONPE solicitó S/67,5 millones para
costear la consulta, a razón de S/10,7 por elector. De prosperar el proceso al
alcalde Luis Castañeda, y considerando que la cantidad de electores se
incrementó en más de 500 mil en tres años, se requerirían S/73’664.674,3.
Si los procesos en los demás
distritos también se concretan, sumarían S/1’113.292,2. Ello sin considerar el
traslado de material electoral y costos por operatividad del Jurado Nacional de
Elecciones y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Para Fernando Tuesta, experto
en temas electorales, este gran desembolso, que en la práctica no conlleva a
mejoras de gestión debido al corto tiempo restante para las nuevas autoridades,
debería desalentar las revocaciones. “Tampoco se podría cambiar el gobierno,
pues se reemplaza a la autoridad revocada por la que le sigue en la lista del
partido en el mando. En el caso de Castañeda, la teniente alcaldesa Patricia
Juárez”, acotó.
–Ojo con los intereses–
“Es evidente el interés
político detrás de la compra del kit. Ya sabíamos que, desde que saldría a la
venta, los que derrotamos en las elecciones irían por uno”, dijo Manuel
Velarde, alcalde de San Isidro, a El Comercio.
Velarde podría dejar el cargo
si Alonso Rey Bustamante, ex militante de Renovación Nacional y del equipo
técnico de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), partido al que venció por 900
votos, reúne las 18.870 firmas necesarias para continuar con el proceso en la
comuna.
En Asia, los cuestionamientos
al promotor Carlos Vilcaluri Ramos radican en sus antecedentes: detenido como
presunto extorsionador en el 2010 y procesado como cómplice de homicidio
calificado y robo agravado en el 2005. En Punta Negra, al promotor Francisco
Ampuero Mestanza se le recuerda por haber sido destituido como juez de paz
debido a irregularidades en un juicio de alimentos. Carlos Martínez Márquez, ex
candidato al Congreso e impulsor en Lima, también apoyó la fallida revocación
de Villarán.
DATASO
La consulta se lleva adelante
en cada circunscripción electoral si la solicitud está acompañada del
veinticinco por ciento (25%) de las firmas de los electores de cada
circunscripción y ha sido admitida.
En el caso del distrito de
Asia se requiere 1,851 firmas, que representa el 25% de 7,405 electores
hábiles, actualizado al presente año 2016 y utilizado en las recientes
elecciones presidenciales.
De concretarse la recolección
de firmas y aprobarse el pedido, sería la segunda vez que el actual alcalde
asiano sea sometido a un proceso similar, ya que hace años atrás también fue
sometido a una revocatoria, pero –curiosamente- solo fueron revocados sus
regidores y él no, pese a estar recluido en el penal de Cantera.
Este es el segundo distrito de
la provincia de Cañete donde se adquiere un kit de revocatoria, ya que el
primero fue el de Cerro Azul, adquirido el último 13 de junio por Junior
Salvador Espinoza Malásquez.
En el caso de la hermana
provincia de Yauyos, también ya han adquirido un kit. En este caso para el
alcalde del distrito de Lincha. La ciudadana Marleni Elida Alan Huamanlazo ha
sido quien lo compró.
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