A través de un comunicado, un
grupo de agricultores y usuarios de agua de Barranca, Huaura, Huaral y Cañete,
denunció que la Junta Nacional de Usuarios de Riego del Perú (JNUDRP), ha
trasgredido normas legales y actuado en connivencia con funcionarios en actividad
para impedir la renovación de su dirigencia, la cual no estaría cumpliendo con
la tarea de invertir en el desarrollo de infraestructura hidráulica las tarifas
que cobran desde 1990.
En el texto, los denunciantes
señalan que hay dirigentes que tienen más de 26 años en sus puestos de la
JNUDRP gracias a controversiales ampliaciones otorgadas por el Ministerio de
Agricultura, el Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público y
Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
“Debido a las millonarias
sumas de dinero, se han formado mafias de dirigentes que jamás dudan, como lo
vienen haciendo, en corromper funcionarios del Estado y chantajeando al
gobierno de turno con ‘paros agrarios’. Resultado de todo ello, creció la
corrupción de manera escandalosa en muchas Juntas, con la infraestructura
hidráulica en deplorables condiciones y un campesino empobrecido a pesar de que
el Estado sigue invirtiendo miles de millones de soles”, explican.
El punto principal en este
reclamo es que se cumpla a plenitud la Ley Nº 30157 – “Ley de organizaciones de
usuarios de agua”, promulgada por el Congreso de la República en el 2014, y que
reconoce el derecho al voto universal entre los usuarios (antes el sistema era
una hectárea un voto), permite la
fiscalización y sanción de parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a los
directivos que fueran encontrados en casos de corrupción y otorga a la ONPE la
función de supervisar el proceso electoral.
La acusación prosigue
reseñando que en septiembre del 2015 estos dirigentes alcanzaron a legisladores fujimoristas un
proyecto que deroga la Ley Nº 30157. Luego, en marzo de este año, solicitaron
al exministro de Agricultura, Juan Benites, la ampliación de sus mandatos por
dos años, lo que fue denegado.
Ante ello, el pasado mes de
julio, un grupo de estos dirigentes solicitó no acatar la Ley Nº 30157 y su
Decreto Supremo 005-2015, aduciendo que la norma es inconstitucional pues no
les daba suficiente tiempo para adecuar sus estatutos y amenazaron con un paro
agrario nacional, iniciativa en la que no fueron respaldados.
La secuencia termina señalando
que el 27 de julio esta misma dirigencia solicitó al nuevo Gobierno una nueva
prórroga de ocho meses con el argumento de que la ANA interfiere con la
autonomía de las Juntas.
Los firmantes llaman la
atención sobre una reciente reunión (llevada a cabo el pasado 21 de julio)
entre el ministro Hernández –quien entonces todavía no entraba en funciones-
con los dirigentes de la JNUDRP en la que, denuncian, no dejaron participar a
los usuarios de base y sobre la que no han trascendido los acuerdos alcanzados.
Dato
.El documento lleva las firmas
de Moisés Apari, presidente de la Cooperativa Agraria de Servicios Huaura-Sayán
COPAHUSA; Claudio Visitación (presidente de la Central de Cooperativas Agrarias
Valle Chancay-Huaral-Aucallama; Esteban Sevilla, vicepresidente de la
Cooperativa Agraria de Usuarios Los Laureles (Chancay); Gaspar Liñán,
presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Agro de la Provincia de
Barranca, entre otros.
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