CONTRALORÍA SANCIONARÁ A ALCALDES DISTRITALES DE CAÑETE POR NO INFORMAR SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009

Un total de 7 alcaldes de cañete, serán sancionados por la Contraloría General de la República por haber omitido registrar en el sistema informático del Estado los resultados del proceso del presupuesto participativo correspondiente al año 2009.
La relación de los alcaldes -entre los que figuran los distritales de calando, coayllo, nuevo imperial, lunahuana, zuñiga, quilmaza y pacaran aparece publicada hoy en las normas legales del diario oficial El Peruano en un comunicado hecho público por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Dichos gobiernos locales no cumplieron con ingresar la información a los módulos informáticos sobre los proyectos de inversión, en obras o servicios, que fueron priorizados en consenso por la sociedad civil y las autoridades locales para que sean ejecutados en el presente año. De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Contraloría General de la República supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto público (artículo 31º). Dicha Ley General establece que el titular de la entidad -en este caso el alcalde- es responsable de efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto (artículo 7º). El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público, así como las Directivas y disposiciones complementarias emitidas por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, dan lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar (artículo 65º).
El experto en temas municipales y director del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), Marco Tulio Gutiérrez, indicó que la información sobre el presupuesto del 2009 ha sido reiteradamente "escamoteada" por un buen número de municipalidades.
"Ya en agosto del año pasado 1,345 alcaldes estaban como omisos al registro de la información y la cifra bajó a 1,239 a diciembre del año pasado, según los comunicados emitidos al respecto por el MEF. Ahora, ya en plena ejecución presupuestal del 2009, el número de alcaldes renuentes a informar es de 846", refirió.

La información no registrada hasta ahora hubiera permitido acreditar que los gobiernos locales cumplieron con el mandato constitucional de que la ciudadanía participe en la formulación de sus presupuestos, y cuáles serán los proyectos de obras y servicios que se ejecutarán en este año como resultado de dicha participación de la sociedad civil, indicó.

"Corresponde a la Contraloría sancionar administrativamente a los alcaldes con una llamada de atención y penalmente con la denuncia por omisión del cumplimiento de sus funciones. La Contraloría debería señalar qué sanciones impuso a raíz de las omisiones ya denunciadas por el MEF en agosto y diciembre del año pasado, pues la impunidad es lo que causa este tipo de situaciones", agregó.