Unos 13 mil autos han ingresado en forma irregular, aseveró ministro CornejoEl ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo presentó hoy ante el Tribunal Constitucional (TC), una demanda de conflicto de competencia contra el Poder Judicial para determinar la regulación del ingreso de vehículos usados al país.
Remarcó que dicha competencia es exclusiva del Poder Ejecutivo representado por su portafolio.
Indicó que se consideró en la entrega la demanda de inconstitucionalidad contra ordenanzas municipales emitidas por las comunas de Cajatambo, Yauyos y Canta que declaran la inaplicabilidad de la Ley Nº 28325.
Este dispositivo regula el traslado de las inscripciones de vehículos menores y su acervo documentario de las municipalidades a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
“El Poder Judicial ha venido considerando diversas solicitudes de medidas cautelares, dentro de sendos procesos constitucionales de amparo, dictando mandatos de suspensión de normas regulatorias y permitiendo así el ingreso al país de vehículos y autopartes usados que exceden la antigüedad normada, lo cual se convierte en un atentado contra la seguridad vial del país", manifestó Cornejo.
Añadió que estas acciones también se han ejecutado, irrespetando el ordenamiento jurídico nacional y las competencias del sector Transportes y Comunicaciones, autorizando de igual forma la emisión de licencias de conducir, expedición de tarjetas de propiedad, placas de rodaje, e inscripción administrativa de la propiedad de los vehículos menores.
Se excede de este modo el reparto competencial asignado por la Constitución, las leyes orgánicas y las leyes integrantes del bloque de constitucionalidad a los gobiernos locales, subrayó.
“13 mil vehículos ingresaron de forma irregular y en cada caso se interpuso acciones judiciales, queremos zanjar el asunto porque el MTC es quien establece los requisitos. Además, a pesar de la autonomía de la que puedan gozar los gobiernos regionales o locales, éstos no deben perder de vista que son parte de un ente mayor, el Estado Peruano, y que, en consecuencia su actuar debe encontrarse en consonancia con las políticas establecidas a nivel nacional”, enfatizó.
En tal sentido, agregó que los gobiernos locales deben ejercer sus competencias dentro de los limites que establece la Constitución y las leyes orgánicas preservando la unidad e integridad del Estado y la Nación.
“Esperamos que el TC acoja nuestras demandas”, puntualizó.
Remarcó que dicha competencia es exclusiva del Poder Ejecutivo representado por su portafolio.
Indicó que se consideró en la entrega la demanda de inconstitucionalidad contra ordenanzas municipales emitidas por las comunas de Cajatambo, Yauyos y Canta que declaran la inaplicabilidad de la Ley Nº 28325.
Este dispositivo regula el traslado de las inscripciones de vehículos menores y su acervo documentario de las municipalidades a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
“El Poder Judicial ha venido considerando diversas solicitudes de medidas cautelares, dentro de sendos procesos constitucionales de amparo, dictando mandatos de suspensión de normas regulatorias y permitiendo así el ingreso al país de vehículos y autopartes usados que exceden la antigüedad normada, lo cual se convierte en un atentado contra la seguridad vial del país", manifestó Cornejo.
Añadió que estas acciones también se han ejecutado, irrespetando el ordenamiento jurídico nacional y las competencias del sector Transportes y Comunicaciones, autorizando de igual forma la emisión de licencias de conducir, expedición de tarjetas de propiedad, placas de rodaje, e inscripción administrativa de la propiedad de los vehículos menores.
Se excede de este modo el reparto competencial asignado por la Constitución, las leyes orgánicas y las leyes integrantes del bloque de constitucionalidad a los gobiernos locales, subrayó.
“13 mil vehículos ingresaron de forma irregular y en cada caso se interpuso acciones judiciales, queremos zanjar el asunto porque el MTC es quien establece los requisitos. Además, a pesar de la autonomía de la que puedan gozar los gobiernos regionales o locales, éstos no deben perder de vista que son parte de un ente mayor, el Estado Peruano, y que, en consecuencia su actuar debe encontrarse en consonancia con las políticas establecidas a nivel nacional”, enfatizó.
En tal sentido, agregó que los gobiernos locales deben ejercer sus competencias dentro de los limites que establece la Constitución y las leyes orgánicas preservando la unidad e integridad del Estado y la Nación.
“Esperamos que el TC acoja nuestras demandas”, puntualizó.
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