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AVANZA CORRUPCIÓN EN CASO COFOPRI - CHILCA

CASO: CORRUPCIÓN COFOPRI - TERRENO CHILCA

FISCALÍA

AÚN NO HALLA EL EXPEDIENTE
Tráfico de tierras. Aunque presidente afirmó que ya lo revisó someramente. Nuevo director de Cofopri admite que solo cuenta “con parte del expediente” que justificó ilegal transferencia del terreno a traficante.

Miguel Gutiérrez R.mgutierrez@larepublica.pe

Las autoridades que investigan a los funcionarios de Cofopri por favorecer con la entrega de 30 hectáreas de un terreno de Chilca a un conocido negociante de predios no han logrado determinar dónde está exactamente el expediente completo del caso.

El titular de la sétima fiscalía anticorrupción Jaime Schwartz y el mayor PNP Pinto Prado de la Dirección de la Policía Anticorrupción solo han logrado incautar documentación dispersa relacionada con el caso.

Justamente los investigadores manifestaron estar sorprendidos por las declaraciones del Presidente, según las cuales él había “revisado someramente el expediente” que ellos estaban buscando desde el martes pasado.

Los ex funcionarios de Cofopri han señalado a la Fiscalía que el expediente desapareció, pero otros han dicho que el expediente nunca existió porque se saltaron los trámites correspondientes.

Incluso el propio Oswaldo Chauca ha circulado parte del trámite realizado mostrándolo como si fuera el expediente técnico.

Más allá de las distintas versiones de los funcionarios y ex funcionarios de esa entidad, el expediente con los informes que sustentan la adjudicación no aparece completo, tal como reveló este diario.

ANTE EL CONGRESO
El ex jefe de la oficina zonal de Lima y Callao Hernando Hidalgo Díaz, denunciado por este negociado, señaló a la Comisión de Fiscalización del Congreso que cuando la prensa reveló esta entrega irregular el “expediente no se ubicó. Esto es algo que nunca había sucedido en Cofopri”.

Admitió también que solo puso su firma a la resolución que adjudicaba el terreno a Chauca, sin verificar si tenía el expediente adjunto.

El viceministro de Vivienda David Ramos López, ahora nuevo director ejecutivo de Cofopri en reemplazo de Omar Quezada Martínez, admitió en una emisora radial que tampoco tiene el expediente completo, tal como había anunciado el mandatario horas antes.

“Yo tengo parte del expediente y hoy (ayer) atenderé el pedido del presidente y el encargo del ministro (Juan Sarmiento) para poder dar tranquilidad, poner orden y facilitar la labor que hace el Poder Judicial para lograr determinar responsabilidades”, manifestó.

El propio Omar Quezada, luego de su descargo en el Congreso, indicó que las declaraciones del Presidente en torno al expediente se referían más bien a la ayuda memoria que le entregó “respecto a cada uno de los pasos que debían cumplirse normalmente en una adjudicación en este tipo de habilitaciones urbanas”.

Según la investigación preliminar realizada por el secretario general de Cofopri, Julio Calderón Rodríguez, conjuntamen-te con Omar Quezada y que fue presentado ayer en el Congreso, durante el trámite de adjudicación de terrenos eriazos en Chilca, los funcionarios destituidos se burlaron sistemáticamente del procedimiento obligatorio de supervisión.

SIN DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL
Así, no se cumplieron varios de los diecisiete procedimientos establecidos para proceder a la entrega o no del título de propiedad.

Por ejemplo, nunca se realizó el diagnóstico técnico legal ni pasó por el filtro de la Dirección de Formalización Integral o la Dirección de Formalización Individual.

Según Quezada y Calderón, queda claro que hubo una “organización delictiva” que hizo un “festinaje de los trámites” para favorecer al traficante Chauca Navarro, y que habría estado compuesta por Hernando Hidalgo Díaz, jefe de la oficina zonal, y de quienes estuvieron bajo su cadena de mando, como José Luis Vílchez de los Ríos, asesor para asuntos rurales; Daniel Gonzales Gonzales, asesor adjunto para asuntos rurales; el ingeniero César Castagne Chung y el ex servidor Henry Julca Ríos.

OTROS IMPLICADOS
Esta versión manejada por el ex jefe de Cofopri no convencería aún a la fiscal anticorrupción, quien no descartaría que haya otros responsables que no formaron parte de la cadena de mando formal.

Un indicio fue proporcionado el martes por la asistenta administrativa de Hernando Hidalgo durante la incautación documentaria realizada en Cofopri.

Según la versión de la asistenta de Hidalgo, desde julio a noviembre del 2009, los oficios relacionados con el trámite realizado por Chauca Navarro eran notificados por la Oficina de Coordinación Descentralizada de Cofopri (OCD), a cargo de Julio Calderón, pese a que en el procedimiento formal este trámite no le correspondía.

La misma asistenta administrativa sostiene que Hidalgo manifestó al fiscal y a la Policía Anticorrupción que desde la oficina de Julio Calderón llamaron para pedir un número de resolución correlativo sin adjuntar documentación.

Ese número sería el mismo con el cual se emitiría la resolución de febrero que otorgaba el título al ex comunero de Chilca y ahora negociante de tierras Oswaldo Chauca Navarro, ex aprista y ahora militante del Padín.

OTROS CITADOS POR LA POLICÍA
De los cuatro ex funcionarios citados ayer por la Policía Anticorrupción, solo asistió al local policial Paul Hervacio Sánchez, responsable de Catastro de la oficina zonal de Lima y Callao.

El denunciado declaró también que no tuvo conocimiento del expediente administrativo referido al pedido de Tito Chauca.

Para mañana está previsto que José Luis Vílchez y César Castañeda Chung ofrezcan su declaración en la sede de la policía anticorrupción.

Hasta altas horas de la noche de ayer, el director de Cofopri David Ramos seguía reunido con los funcionarios que han quedado en esa entidad para coordinar una estrategia para intentar limpiar la imagen venida a menos de la institución en estos últimos días, a raíz del escándalo surgido con los negociados de tierras.

CON FACULTADES DE COMISIÓN INVESTIGADORA
1] Tras recibir los testimonios de Omar Quezada y de los principales funcionarios de Cofopri, la comisión de Fiscalización acordó por unanimidad pedir al Pleno facultades de comisión investigadora, para emitir en 30 días un informe del caso. Quezada dijo estar dispuesto a que se levante su secreto bancario. Mauricio Mulder aseguró que la bancada aprista apoyará la propuesta.

2] En el debate, los congresistas se mostraron insatisfechos por las respuestas de los funcionarios implicados. “Cómo es posible que se pierda un expediente o un funcionario diga que se le pasó... Aquí nadie sabe nada”, señaló Víctor García Belaunde. Cayo Galindo (PN) dijo que se querían tapar actos de corrupción evidentes.

3] Omar Quezada admitió que pillos y delincuentes lo burlaron. “Es un asalto premeditado a la confianza de mi institución. Cofopri no vende tierras y menos trafica. Hubo festinación de trámites y burlado controles”, dijo, y trasladó la responsabilidad al ex jefe zonal de Cofopri-Lima. Más lamentables fueron las declaraciones de Hernando Hidalgo y Julio Calderón, quienes se culparon mutuamente. El primero dijo que denunció al segundo por difamación. “Reconozco mi negligencia por firmar sin revisar”, dijo Hidalgo. Calderón aseguró que no firmó ni dio fe de nada.

CLAVES
La Contraloría General de la República ha anunciado que investigará por su lado las denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la transferencia de terrenos de propiedad del Estado.

Listos. Dijeron que enviaron un oficio al director de Cofopri acreditando a los profesionales que estarán a cargo de una comisión que evaluará el procedimiento de formalización y titulación de predios a cargo de Cofopri.

Comentarios

Anónimo ha dicho que…
Les comento, que esto NO es tema nuevo, desde la aparición de COFOPRI mucho mas al asumir lo que antes era PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras- MINAG) esto ha sido un negociado ente los malos funcionarios como lo es el señor ANGEL SALDAÑA - COFOPRI - Huancayo-Junín y especialmente la sede Chanchamayo (Selva Central) donde confabulado de un disque Ing. de nombre Carlos Taype García y Ing. Luis Baldeon Jara quienes han lucrado con predios privados, incluso mucho s de ellos inscritos en los Registros Públicos. Deben de hacerles una investigación y hacerlos públicos los arribos porque no se puede vulnerar los derechos de los propietarios titulares. Exijo la investigación respectiva. (Especialmente de los profesionales de prensa, porque de contraloría ya se perdió la confianza).

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