Tras la denuncia de la desaparición del documento de la venta y luego de las declaraciones del nuevo titular de Cofopri, quien admitió que tampoco tiene el expediente completo, el ministro entrega sólo parte de éste a la Fiscalía. El titular de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Juan Sarmiento Soto, informó que su portafolio ha entregado a la Fiscalía copia de una parte del expediente que permitió la entrega irregular de un terreno de 30 hectáreas ubicado en Chilca a cinco mil soles y que provocó la salida del aprista Omar Quesada.
También dio a conocer a LaRepública.pe que otros tres funcionarios de Cofopri han sido involucrados en la investigación de este hecho de corrupción.
Los tres funcionarios involucrados son el ex secretario general Julio Calderón, quien fue separado y reemplazado por otro funcionario de confianza y acusado de concusión, cohecho pasivo impropio y aprovechamiento indebido del cargo, la abogada Erika Serrano, quien firmó el informe técnico legal que permitió la entrega de las 30 hectáreas de playa en Chilca, y la abogada Besy Bermudez Peña, técnica administrativo; ambas acusadas de cohecho pasivo y aprovechamiento indebido del cargo.
Estos denunciandos habrían contribuido a independizar los predios y faclitar la adjudicación al famoso traficante de terrenos y ahora ex militante aprista Oswaldo Chauca.
La responsabilidad recae sobre Calderón
Desde un primer momento fueron comprometidos seis funcionarios: Hernando Hidalgo Díaz, ex jefe zonal de Lima-Callao, Paul Hervacio Sánchez, Daniel González González, José Luis Vílchez de los Ríos, César Humberto Castagne Chung y Henry Julca Ríos.
Cofopri señala que Tanto Hidalgo, Castagne y Hervacio fueron inducidos por el ex secretario general de esta entidad, Julio Calderón, a entregar los documentos a favor de terceros, tal y como lo prueba el registro de venta, las resoluciones administrativas 252-253 y el sistema de la institución.
También dio a conocer a LaRepública.pe que otros tres funcionarios de Cofopri han sido involucrados en la investigación de este hecho de corrupción.
Los tres funcionarios involucrados son el ex secretario general Julio Calderón, quien fue separado y reemplazado por otro funcionario de confianza y acusado de concusión, cohecho pasivo impropio y aprovechamiento indebido del cargo, la abogada Erika Serrano, quien firmó el informe técnico legal que permitió la entrega de las 30 hectáreas de playa en Chilca, y la abogada Besy Bermudez Peña, técnica administrativo; ambas acusadas de cohecho pasivo y aprovechamiento indebido del cargo.
Estos denunciandos habrían contribuido a independizar los predios y faclitar la adjudicación al famoso traficante de terrenos y ahora ex militante aprista Oswaldo Chauca.
La responsabilidad recae sobre Calderón
Desde un primer momento fueron comprometidos seis funcionarios: Hernando Hidalgo Díaz, ex jefe zonal de Lima-Callao, Paul Hervacio Sánchez, Daniel González González, José Luis Vílchez de los Ríos, César Humberto Castagne Chung y Henry Julca Ríos.
Cofopri señala que Tanto Hidalgo, Castagne y Hervacio fueron inducidos por el ex secretario general de esta entidad, Julio Calderón, a entregar los documentos a favor de terceros, tal y como lo prueba el registro de venta, las resoluciones administrativas 252-253 y el sistema de la institución.
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