La Primera.- Yari Valencia Freitas, la esposa del futuro presidente del Congreso, César Zumaeta, envió una carta aclaratoria sobre la compra de 50 hectáreas en el límite con Mala, a una cotización S/0.64 centavos de sol por metro cuadrado. Ella señala que el monto pagado por las 50 hectáreas es bajo porque “el terreno no se encuentra en los balnearios exclusivos de Asia, sino al lado este de la antigua Panamericana Sur km. 92.5” y que cuando adquirió el terreno hace casi dos años “era el botadero de basura de todos los clubes del distrito”.
Asimismo, indica que “el precio que pagué era el valor que tenía” y que el terreno tiene un gran porcentaje de cerros empinados, lo que hace “casi imposible utilizarlos”. Sus argumentos contrastan con los entendidos en negocios de bienes raíces, que consideran que el precio pagado “no es un precio real en ninguna parte del Perú”, ni siquiera para un botadero de basura. La señora Yari Valencia afirma además que no está comprendida en ninguna investigación judicial y que “está relevada de cualquier indicio y/o responsabilidad de tipo penal y de otra índole dado que mi transacción como vuelvo a reiterar fue un acto entre personas naturales y privadas bajo la buena fe notarial y registral y no con la Comunidad Campesina de Asia como malintencionadamente señalan en su nota periodística”.
Pero lo cierto es que LA PRIMERA informó que ella compró las tierras a Alexander Landázuri Wurts, quien las habría comprado al dirigente de la comunidad campesina, Esteban García Huasasquiche, al precio de 32 mil nuevos soles, el mismo precio por el que las adquirió la esposa de Zumaeta. Después, aclara que su esposo “nunca participa en actos o acciones que involucran mi ejercicio profesional (abogada) y particular, ya que acordamos cambiar hace más de 11 años el régimen de sociedad de gananciales por el régimen de separación patrimonial”.
Asimismo, indica que “el precio que pagué era el valor que tenía” y que el terreno tiene un gran porcentaje de cerros empinados, lo que hace “casi imposible utilizarlos”. Sus argumentos contrastan con los entendidos en negocios de bienes raíces, que consideran que el precio pagado “no es un precio real en ninguna parte del Perú”, ni siquiera para un botadero de basura. La señora Yari Valencia afirma además que no está comprendida en ninguna investigación judicial y que “está relevada de cualquier indicio y/o responsabilidad de tipo penal y de otra índole dado que mi transacción como vuelvo a reiterar fue un acto entre personas naturales y privadas bajo la buena fe notarial y registral y no con la Comunidad Campesina de Asia como malintencionadamente señalan en su nota periodística”.
Pero lo cierto es que LA PRIMERA informó que ella compró las tierras a Alexander Landázuri Wurts, quien las habría comprado al dirigente de la comunidad campesina, Esteban García Huasasquiche, al precio de 32 mil nuevos soles, el mismo precio por el que las adquirió la esposa de Zumaeta. Después, aclara que su esposo “nunca participa en actos o acciones que involucran mi ejercicio profesional (abogada) y particular, ya que acordamos cambiar hace más de 11 años el régimen de sociedad de gananciales por el régimen de separación patrimonial”.
Y concluye diciendo que observa preocupada la intencionalidad política de dañar “su limpia y honesta imagen (la de Zumaeta) al pretender vincularlo con mis actividades privadas e independientes que no tienen nada que ver con la política, menos con el Estado”. Salvo que el esposo haya sido coincidentemente presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso.
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