Al sur de Lima. Aseguran candidatos a la reelección. Aspirantes a Punta Hermosa, Punta Negra y Lurín afirman que trabajarán por erradicar ilegales actos.Redacción La República.
Están en la mira de los invasores. En estos últimos años la usurpación y tráfico de terrenos ha aumentado considerablemente en los distritos ubicados al sur de Lima. Tal es así que, por ejemplo, en la jurisdicción de San Antonio de Cañete, sólo en este último año, ya hay más de 800 familias viviendo ilegalmente en las citadas tierras.
¿Cómo frenar este accionar? Esa es la interrogante que hoy nos responden tres alcaldes y aspirantes a la reelección en los distritos sureños de Punta Hermosa, Punta Negra y Lurín.
Corrupción en Cofopri
Así, para el aspirante a la reelección en Punta Hermosa por el PPC- Unidad Nacional, Carlos Fernández, las invasiones se registran por la existencia de funcionarios corruptos en la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).
“Para poder combatir las invasiones en Punta Hermosa y en los distritos limeños ubicados al sur es necesario que se retire a los funcionarios corruptos de Cofopri, los cuales otorgan títulos de propiedad a personas que nunca hemos visto por el distrito”, recalcó.
Fernández también señaló que de salir elegido este tres de octubre continuará denunciando ante los medios de comunicación las usurpaciones que se presenten en su jurisdicción, así como también asesorará a los propietarios de las tierras invadidas sobre los aspectos que deben seguir para denunciar el ilegal acto.
Respeto a la ley
En tanto, Carlos Lazo, candidato a la reelección por el partido Cambio Radical en Punta Negra, manifestó que para terminar con la invasión de terrenos seguirá trabajando de la mano con la policía para que vigile las zonas que se encuentran desprotegidas.
“Nosotros hacemos respetar las leyes. Por ello, durante mi gestión si la policía detectaba una invasión, inmediatamente se les comunicaba a los dueños de las tierras afectadas (...) Aparte hemos dado facilidades a los dueños para que cerquen sus terrenos”, acotó.
Jorge Marticorena, alcalde de Lurín, expresó que la clave para frenar este problema es aplicar drásticas sanciones.
Hasta 10 años de sanción
El abogado especialista en el ámbito penal Luis Lamas manifestó a La República que los artículos 202 y 204 del Código Penal señalan que cuando una usurpación de tierras es agravada con hechos de violencia y además extorsión, la pena de cárcel puede ser de hasta 10 años.
Asimismo, precisó que se considera usurpación agravada cuando intervienen dos o más personas y se evidencia que lo han hecho de manera organizada.
“En este caso la sanción mínima es de seis años”, agregó el especialista en derecho.
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