La institución advirtió de serios problemas en los penales Miguel Castro Castro, Sarita Colonia, Piedras Gordas, Cañete, Huaral y El Milagro. POR JUVROH
El primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega, le reiteró a la ministra de Justicia, Rosario Fernández, la necesidad de garantizar la seguridad en las cárceles, así como realizar una mejor coordinación entre la administración penitenciaria y la Policía Nacional. Esto tras los recientes asesinatos cometidos en el penal de Lurigancho.
En ese sentido, el funcionario expresó la preocupación de su institución sobre los crímenes de Leslie Paredes Silva y del interno Noé Jesús Sandoval Rosario, como resultado, dijo, de las continuas fallas de seguridad, que se han convertido en una característica del penal más grande del país debido, entre otras razones, por el escaso número de policías para su control.
“Esta grave situación se repite en un número importante de penales del país, en especial de la capital, tales como el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro (Lima), Sarita Colonia (Callao), Piedras Gordas (Ancón), Cañete (Cañete), Huaral (Huaral) y “El Milagro” (Trujillo)”, señaló Vega.
PENAL DE CANTERA EN CAÑETE
Asimismo, refirió que diversos informes defensoriales alertan de los problemas de hacinamiento, deficiencias en la infraestructura, frágiles mecanismos de seguridad, insuficientes programas de reinserción social, falta de capacitación e inadecuadas condiciones laborales del personal penitenciario, entre otros.
“La disciplina y seguridad pasan, entonces, a control de éstos (presos), lo que facilita actividades ilegales como el tráfico de drogas, crímenes al interior de las cárceles, la venta de licor o armas y abuso de poder”, expresa en la misiva el representante de la Defensoría del Pueblo .
Vega Luna informó que en los últimos 20 años el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue declarado en reorganización cinco veces, y la emergencia fue decretada en mayor número con la finalidad de revertir las continuas crisis que acusa el sistema penitenciario.
PENAL DE LURIGANCHO
En el caso concreto del penal de Lurigancho, la Defensoría del Pueblo recomendó que se disponga una evaluación del estado actual del sistema de acceso y salida de los visitantes en general y, a partir de ello, implementar un sistema de registro computarizado de huellas dactilares, para un mejor control de las visitas.
Dado que aún existe un alto nivel de hacinamiento en el establecimiento penitenciario, Vega dijo que es indispensable solicitar un incremento de personal de la Policía Nacional para efectos del control y seguridad del penal.
El primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega, le reiteró a la ministra de Justicia, Rosario Fernández, la necesidad de garantizar la seguridad en las cárceles, así como realizar una mejor coordinación entre la administración penitenciaria y la Policía Nacional. Esto tras los recientes asesinatos cometidos en el penal de Lurigancho.
En ese sentido, el funcionario expresó la preocupación de su institución sobre los crímenes de Leslie Paredes Silva y del interno Noé Jesús Sandoval Rosario, como resultado, dijo, de las continuas fallas de seguridad, que se han convertido en una característica del penal más grande del país debido, entre otras razones, por el escaso número de policías para su control.
“Esta grave situación se repite en un número importante de penales del país, en especial de la capital, tales como el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro (Lima), Sarita Colonia (Callao), Piedras Gordas (Ancón), Cañete (Cañete), Huaral (Huaral) y “El Milagro” (Trujillo)”, señaló Vega.
PENAL DE CANTERA EN CAÑETE
Asimismo, refirió que diversos informes defensoriales alertan de los problemas de hacinamiento, deficiencias en la infraestructura, frágiles mecanismos de seguridad, insuficientes programas de reinserción social, falta de capacitación e inadecuadas condiciones laborales del personal penitenciario, entre otros.
“La disciplina y seguridad pasan, entonces, a control de éstos (presos), lo que facilita actividades ilegales como el tráfico de drogas, crímenes al interior de las cárceles, la venta de licor o armas y abuso de poder”, expresa en la misiva el representante de la Defensoría del Pueblo .
Vega Luna informó que en los últimos 20 años el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue declarado en reorganización cinco veces, y la emergencia fue decretada en mayor número con la finalidad de revertir las continuas crisis que acusa el sistema penitenciario.
PENAL DE LURIGANCHO
En el caso concreto del penal de Lurigancho, la Defensoría del Pueblo recomendó que se disponga una evaluación del estado actual del sistema de acceso y salida de los visitantes en general y, a partir de ello, implementar un sistema de registro computarizado de huellas dactilares, para un mejor control de las visitas.
Dado que aún existe un alto nivel de hacinamiento en el establecimiento penitenciario, Vega dijo que es indispensable solicitar un incremento de personal de la Policía Nacional para efectos del control y seguridad del penal.
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