POR INCONSISTENTE DENUNCIA DE EX REGIDORES HOY LIGADOS AL GOBIERNO REGIONAL, MINISTERIO PÚBLICO ARCHIVA PROCESO CONTRA JAVIER ALVARADO Y FUNCIONARIOS
Ministerio Público de Cañete declaró NO PROCEDENCIA DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra ex funcionarios ediles de la comuna provincial de la gestión de Javier Alvarado Gonzáles del Valle.POR ELARQUIM
Los involucrados en este sonado caso son: Manuel Márquez Vivanco (gerente general), Eduardo Wanus Gonzáles (gerente de administración), Próspero Senosaín Calero (gerente de administración), Américo Espinoza Ferrer (Auditor Interno), Javier Vargas Cuestas (Contador), Luís Alberto Bravo (Tesorero), José Antonio Espinoza Peña (alcalde) y la abogada Jackeline del Socorro Cacho Abanto, por el delito contra la Administración Pública-CONCUSIÓN, PECULADO Y MALVERSACIÓN DE FONDOS, en agravio de la Sociedad, Ministerio del Interior y la Municipalidad Provincial de Cañete, ordenando el archivamiento definitivo de la investigación.
De igual forma, se dispone el archivamiento de la denuncia de USURPACIÓN DE FUNCIONES contra Manuel Márquez Vivanco, COLUSIÓN DESLEAL contra Manuel Márquez Vivanco, Eduardo Wanus Gonzáles y Jackeline del Socorro Cacho Abanto, ENCUBRIMIENTO REAL contra Eduardo Wanus Gonzáles y ASOCACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR contra Manuel Márquez Vivanco, Eduardo Wanus Gonzáles y Jackeline del Socorro Cacho Abanto.
Como se recuerda a fines del año pasado, una comisión de regidores integrada por Pedro Alonso Noriega Altamirano, Vladislay Bustamante Simón y Arturo José Tadeo Chau Murga, presentaron una denuncia inconsistente en contra de autoridades y funcionarios ediles, luego de haber realizado una fiscalización a la cuenta corriente del FINVER por manejo irregular de fondos y el pago sospechoso e indebido de sumas exorbitantes por asesoría legal externa evidenciando un manejo oscuro de los recursos municipales.
Se denunció que de la cuenta FINVER donde al 10 de abril de 2010 existían S/. 2’ 674,459.77, al 31 de agosto del mismo año sólo existían fondos por S/. 1’499,836.77, no pudiéndose explicar por parte de ningún funcionario sobre el destino de los fondos. Asimismo se denunció la contratación de la abogado Jackeline Cacho Abanto pagándosele la suma de S/. 191,000.24, sin obrar documentación clara por el trabajo realizado, pese a que se dijo que realizó una especie de fiscalización y valorización de infraestructura e instalaciones de la planta de PERÚ LNG, labor que debió ser ejecutada por un ingeniero o arquitecto.
Señala dentro de sus considerando, la representante del Ministerio Público, como fundamento para desestimar la denuncia, que el trabajo de la comisión investigadora de regidores no se culminó, más aún cuando los miembros de esta cuestionada comisión no cumplieron con dar cuenta al concejo cañetano de sus investigaciones y procedieron, a propia voluntad y responsabilidad, en denunciar los hechos ante el Ministerio Público sin contar con el informe de la oficina de Control Interno, que debió individualizar responsabilidades, ni de la Procuraduría Municipal, que debió ser la responsable de formular la denuncia con todos los elementos probatorios.
Tal como se dijo en su momento, llama poderosamente la atención de los miembros de la comisión de regidores, quienes, según algunos entendidos, habrían pretendido traer abajo todo un proceso serio de investigación y cubrir las espaldas al ex alcalde Javier Alvarado Gonzales del Valle. Curiosamente, denunciaron algunos, que en la actualidad el ex regidor Alonso Noriega Altamirano sería asesor de Alvarado en el gobierno regional, aunque el pago se haría a través de otra persona, Vladislay Bustamente Simon es el responsable de todo el aparato logístico regional para las actividades públicas, Arturo Chau Murga tiene a su cuñado Miguel Zuloeta Marchand como secretario técnico de Seguridad Ciudadana además de tener agradecimiento a favor de Alvarado por no haberlo denunciado por la sustracción de piezas de vehículos en el depósito municipal, que los responsabilizaban y que el hoy presidente regional mandó archivar o esconder.
Luego de haberse conocido la denuncia por parte de las actuales autoridades ediles, ayer en sesión urgente dispusieron que el Procurador Público Municipal Dr. Sabino Lozano Guerra inicia las acciones respectivas en salvaguarda de los intereses cañetanos, además se logró conocer que el Fiscal Anticorrupción Dr. Henry Deza formulará las acciones pertinentes.
Mención aparte merece indicar que la fiscalía responsable de este proceso fue el de la Dr. Elizabeth Vadillo Leaño, quien extrañamente también fue la que desestimó tiempo atrás una denuncia contra Javier Alvarado, por su accionar cuando fue alcalde de Lunahuaná, pese a que la Contraloría General de la República encontró pruebas contundentes para su formulación de denuncia.
Los involucrados en este sonado caso son: Manuel Márquez Vivanco (gerente general), Eduardo Wanus Gonzáles (gerente de administración), Próspero Senosaín Calero (gerente de administración), Américo Espinoza Ferrer (Auditor Interno), Javier Vargas Cuestas (Contador), Luís Alberto Bravo (Tesorero), José Antonio Espinoza Peña (alcalde) y la abogada Jackeline del Socorro Cacho Abanto, por el delito contra la Administración Pública-CONCUSIÓN, PECULADO Y MALVERSACIÓN DE FONDOS, en agravio de la Sociedad, Ministerio del Interior y la Municipalidad Provincial de Cañete, ordenando el archivamiento definitivo de la investigación.
De igual forma, se dispone el archivamiento de la denuncia de USURPACIÓN DE FUNCIONES contra Manuel Márquez Vivanco, COLUSIÓN DESLEAL contra Manuel Márquez Vivanco, Eduardo Wanus Gonzáles y Jackeline del Socorro Cacho Abanto, ENCUBRIMIENTO REAL contra Eduardo Wanus Gonzáles y ASOCACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR contra Manuel Márquez Vivanco, Eduardo Wanus Gonzáles y Jackeline del Socorro Cacho Abanto.
Como se recuerda a fines del año pasado, una comisión de regidores integrada por Pedro Alonso Noriega Altamirano, Vladislay Bustamante Simón y Arturo José Tadeo Chau Murga, presentaron una denuncia inconsistente en contra de autoridades y funcionarios ediles, luego de haber realizado una fiscalización a la cuenta corriente del FINVER por manejo irregular de fondos y el pago sospechoso e indebido de sumas exorbitantes por asesoría legal externa evidenciando un manejo oscuro de los recursos municipales.
Se denunció que de la cuenta FINVER donde al 10 de abril de 2010 existían S/. 2’ 674,459.77, al 31 de agosto del mismo año sólo existían fondos por S/. 1’499,836.77, no pudiéndose explicar por parte de ningún funcionario sobre el destino de los fondos. Asimismo se denunció la contratación de la abogado Jackeline Cacho Abanto pagándosele la suma de S/. 191,000.24, sin obrar documentación clara por el trabajo realizado, pese a que se dijo que realizó una especie de fiscalización y valorización de infraestructura e instalaciones de la planta de PERÚ LNG, labor que debió ser ejecutada por un ingeniero o arquitecto.
Señala dentro de sus considerando, la representante del Ministerio Público, como fundamento para desestimar la denuncia, que el trabajo de la comisión investigadora de regidores no se culminó, más aún cuando los miembros de esta cuestionada comisión no cumplieron con dar cuenta al concejo cañetano de sus investigaciones y procedieron, a propia voluntad y responsabilidad, en denunciar los hechos ante el Ministerio Público sin contar con el informe de la oficina de Control Interno, que debió individualizar responsabilidades, ni de la Procuraduría Municipal, que debió ser la responsable de formular la denuncia con todos los elementos probatorios.
Tal como se dijo en su momento, llama poderosamente la atención de los miembros de la comisión de regidores, quienes, según algunos entendidos, habrían pretendido traer abajo todo un proceso serio de investigación y cubrir las espaldas al ex alcalde Javier Alvarado Gonzales del Valle. Curiosamente, denunciaron algunos, que en la actualidad el ex regidor Alonso Noriega Altamirano sería asesor de Alvarado en el gobierno regional, aunque el pago se haría a través de otra persona, Vladislay Bustamente Simon es el responsable de todo el aparato logístico regional para las actividades públicas, Arturo Chau Murga tiene a su cuñado Miguel Zuloeta Marchand como secretario técnico de Seguridad Ciudadana además de tener agradecimiento a favor de Alvarado por no haberlo denunciado por la sustracción de piezas de vehículos en el depósito municipal, que los responsabilizaban y que el hoy presidente regional mandó archivar o esconder.
Luego de haberse conocido la denuncia por parte de las actuales autoridades ediles, ayer en sesión urgente dispusieron que el Procurador Público Municipal Dr. Sabino Lozano Guerra inicia las acciones respectivas en salvaguarda de los intereses cañetanos, además se logró conocer que el Fiscal Anticorrupción Dr. Henry Deza formulará las acciones pertinentes.
Mención aparte merece indicar que la fiscalía responsable de este proceso fue el de la Dr. Elizabeth Vadillo Leaño, quien extrañamente también fue la que desestimó tiempo atrás una denuncia contra Javier Alvarado, por su accionar cuando fue alcalde de Lunahuaná, pese a que la Contraloría General de la República encontró pruebas contundentes para su formulación de denuncia.
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