Desesperadamente, Javier Alvarado firma convenio con Poder Judicial...¿Qué pretende Presidente Regional?
Oscar Guerrero TorresRedacción
• Mientras que los colegios no tienen carpetas, servicios higiénicos en buen estado ni locales limpios, Javier Alvarado quiere remodelar cárceles de Carquín, Cañete y Aucallama que no son de su competencia.
• Inexplicablemente, el doctor César San Martín, Presidente de la Corte Suprema, no ha preguntado si Javier Alvarado tiene denuncias penales, lo que podría crear un conflicto de intereses.
Uno de los gestos que debemos rescatar del doctor Luis Serpa Segura en su gestión como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, es que no aceptó que las autoridades políticas que tuvieran procesos penales en marcha, se mostraran bondadosos donando terrenos al Poder Judicial o tratando de hacer obras en beneficio de ese poder del Estado.
Algunos Alcaldes comprometidos con denuncias penales, se muestran solícitos donando bienes del pueblo al Poder Judicial. En esta jurisdicción regional, los ejemplos están a la vista.
Hace unos días, la oficina de imagen del Gobierno Regional de Lima anunciaba con bombos y platillos, como si fuera una gran hazaña, que “su presidente” había firmado un convenio nada más y nada menos que con el propio Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, el Dr. César San Martín Castro, que pasó a la notoriedad por su impecable desempeño como magistrado en el juicio contra el dictador Alberto Fujimori.
Allí dice que este convenio se ha firmado para mejorar la impartición de justicia y la seguridad jurídica y establecer una colaboración mutua entre el Gobierno Regional y el Poder Judicial, específicamente las Cortes Superiores de Huaura y de Cañete, donde tendría que comparecer Javier Alvarado si es que las denuncias penales contra su persona llegan a esa instancia.
¿Qué seguridad jurídica puede ofrecer el Gobierno Regional de Lima?
Está bien que el GORELI haya hecho funciones de banco, donde sus trabajadores manejaban la plata del Estado como si fuera plata del fundo Alvarado, pero de allí a que el Gobierno Regional de Lima contribuya a la seguridad jurídica, hay una enorme diferencia.
La seguridad jurídica la tienen que dar los magistrados, impartiendo justicia con imparcialidad. Entonces, ¿qué seguridad jurídica puede darnos el Gobierno Regional o es acaso que Javier Alvarado, Fernández Estrella o Javier Vargas, van a realizar labor de jueces?
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