Conforme a su previsión anual, ayer se desarrolló en Cañete una Sesión
de Consejo Regional Descentralizada, que contó con la inasistencia del
consejero de Yauyos. En dicha reunión, el presidente regional solicito el uso
de la palabra, porque había presentado una iniciativa legal que comentaremos
seguidamente.
El presidente Javier Alvarado expuso la razón de su proyecto de ley,
señalando: “apliquemos el criterio geográfico (zonas alto andina, y amazonia)
para redistribuir el FONCOMUN y beneficiar a más de 1200 municipios del país,
dado que en la actualidad, dicho ingreso se distribuye atendiendo a indicadores
como pobreza, población y territorio”. Los asistentes aplaudieron.
Sin embargo, no se indico cuántos de los 1200 distritos se ubicaban en
regiones, que en la actualidad, reciben sumas millonarias por CANON, SOBRECANON
y REGALÍAS, porque si mal no recordamos en las principales zonas altoandinas,
existe la más “interesante” inversión minera. Además que las regiones del
Amazonas no figuran en el ranking de las 10 regiones con mayor población,
aunque si de pobreza (y muy extrema en varios casos).
No pongo en discusión, que las regiones deban ser atendidas sin
distinción, pero los gobiernos regionales en nuestro país deben administrar
bien los pocos recursos que perciben. Esa tarea debe ser fortalecida, y exigida
también en los municipios provinciales y distritales.
Ahora bien, cualquier variación en el FONCOMUN (como pretende la
iniciativa del presidente Alvarado) no será del agrado de los municipios restantes
(incluida el AMPE); salvo que se pretenda incrementar los ingresos del I.G.V.
(que es su fuente principal), pero en estos tiempos nadie está en posibilidad
de soportar una “presión tributaria”.
Por ello, antes de tocar la Ley de Tributación Municipal, debe
examinarse bien los alcances de cualquier modificación que se pretenda en su
contra. Aunque valgan verdades, la ley del presupuesto público ya se debatió en
el congreso, y si la iniciativa presentada por el presidente Alvarado llegara a
consolidarse, podría aplicarse en el 2014. Y esta utopía puede hacerse
realidad, más aún si nuestro congreso adolece del “nivel parlamentario” del
cual gozaba en otrora tiempo.
En fin, el debate está abierto.
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