Por Vladimir Alexander Rojas
Hinostroza
Del proceso penal que
involucra al presidente regional, Javier Alvarado, mucho se ha registrado y
difundido, además que muchos han polarizado el tema con opiniones furibundas,
dejando la tolerancia e imparcialidad por los suelos.
El “colectivo anticorrupción”
que regenta el señor Taboada y Cía., a todas luces ha tenido un único
protagonismo teniendo como consigna “destruir a Alvarado”, a quien consideran
el hombre más corrupto de la región Lima. Después de él, no se conoce otro
personaje a quien detesten.
Y en ese derrotero, argumentan
que dicha autoridad enarbola las banderas fujimontesinistas y dictatoriales,
además de ser un soldado de la derecha, y vasallo del extremo conservadurismo
de la iglesia. Por eso, más califican como un “movimiento político anti –
Alvarado”.
Por su parte, desde el aparato
gubernamental del GORE Lima, califican a tal colectivo como un “grupo de
corruptos y terroristas” que pretenden desestabilizar la región, y desconocer
los logros del mandatario “taurino”.
Hasta sus simpatizantes llegan
al extremo de sostener que ante una eventual caída de Javier Alvarado, “los
terroristas de Lita Román se preparan para el saqueo”, más aún si el Consejo
Regional acaba de reducirle el sueldo a dos mil soles.
Tales posiciones encarnadas en
una palmaria confrontación política, los lleva a olvidar que en la invectiva
(afrenta) de sus diferencias se están desgastando ante la opinión pública, y
polarizando un asunto judicial que continuará con su trámite.
Alvarado deberá responder, eso
nadie lo duda; como no le debe quedar suspicacia al citado colectivo que su
planteamiento es netamente político, y ya lo afirmaron de manera oficial.
Mientras la “justicia” se
encarga del proceso, que ya habría concluida su etapa investigadora (para
proseguir con la intermedia y después, la de enjuiciamiento), los problemas de
la región Lima no pueden dejar de ser atendidos, y esto último no se significa
parcializarse con nadie.
¿Hacia qué extremos quieren
llevar sus planteamientos? Pues a satisfacer sus propios intereses; pero
aquéllos no necesariamente son los que importan a la ciudadanía o a un sector
de la prensa que mora en nuestras provincias.
Si de “izquierdistas” o
“derechistas” es la pugna, que la denuncia y la réplica se sostenga con altura.
Si de “autoridades corruptas”
y “moralizadores solapas” es la lid, pues que en los pueblos no se deje de
invertir.
Así como Alvarado no
capitulará (cederá) ante sus juicios, y el “colectivo” no renunciará a la
propaganda mediática, ¿debemos dejar de exigir mayor capacidad y labor a las
autoridades?, y ¿podríamos exigirle a la sociedad civil que deje de fiscalizar
y quedar silente? La respuesta es un claro NO.
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