Por Vladimir Alexander Rojas
Hinostroza
Qué cosas y otras, se estarán
dando en la MPC, que una de sus autoridades ha salido a señalar públicamente
(por segunda vez), que “algo no marcha bien” en la comuna local; al menos eso
ha resaltado el regidor José Caico, como si se tratase del único concejal del
municipio local.
Los últimos registros que
ofrece, acrecientan los cuestionamientos a la gestión edil de María Montoya,
quien hasta la fecha permanece impávida, con el aval de una Comisión de Ética
(que buscaba poner en disciplina Caico Fernández) y que terminó echándose para
atrás, cuando éste señaló tener audios comprometedores.
Mientras tanto, los regidores
de la oposición como Fermín Quispe, Raúl Meza, Ernesto Pareja y Lourdes Morales
disfrutan de un inagotable “recreo” sin que nadie toque el timbre para que
retornen a sus funciones (ni hablar de los oficialistas).
José Caico ha fiscalizado, eso
es innegable, y aunque le reprochen el “por qué” recién sale a declarar a los
medios lo que ha documentado, existiría una triste decisión en la corporación
edil de no solventar la “logística” para hacer investigaciones: No hay
presupuesto señala el gerente Palma.
Haría bien la alcaldesa
provincial en disponer que su gobierno municipal destine los recursos
necesarios para que órganos técnicos e independientes (Colegio de Ingenieros,
Contadores, Abogados, etc.) otorguen el soporte técnico que confirme o
desvirtúe lo denunciado por dicho regidor, ¿o es que en realidad si existe
embrolló que encubrir?
Si tal medida emana del
Despacho de Alcaldía, pues los funcionarios cuestionados se seguirán solazando
(entreteniendo) con lo que digan los regidores, y para ello ensayarán una torpe
justificación: si contratan peritos, el ejecutivo municipal se constituirá en
juez y parte, y eso debe evitarse.
Semejante apreciación es tan
absurda, dado que evade algo necesario y público: El Estado tiene la obligación
de Fiscalizar, sino para que destina partidas para que el Congreso indague.
Si existiese semejante coartada,
tampoco los consejos regionales tendrían funcionarios pagados por sus gobiernos
regionales, quienes les permiten mantenerse en operatividad, y acreditar
informes y pericias.
Sea cuál sea el estamento
público, se requiere el presupuesto debido para que las autoridades cumplan con
sus funciones.
Lamentablemente en Cañete, la
desidia municipal viene soslayando la obligación de otorgar a los regidores una
partida que les permita honrar su “labor fiscalizadora”.
Señora María Montoya, usted
tiene la última palabra ¿o preferirá seguir callada?
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