Por Vladimir Alexander Rojas Hinostroza
La inversión privada es bienvenida en cualquier latitud, pero las malas
artes del “enriquecimiento indebido” se encuentran prohibidas, al menos así lo
enseñan las escuelas de Derecho.
Revisando el último tiraje de “Hildebrant en sus Trece”, uno encuentra
como la gran familia Añaños (dueña de la “exitosa” Kola Real) ha logrado amasar
una gran fortuna en detrimento de sus trabajadores; para ocultar contratan al
“estimulador” Miguel Ángel Cornejo para decirnos como surgir ante la
adversidad, sin citar los sueldos de miseria que hacen vivir a su personal.
Con ese antecedente, y sin ir muy lejos, en Cañete se presentan
historias similares, como la protagonizada por la empresa Western Cotton S.A.
(la Western) quien luego de afectar el derecho de sus operarios, ha tenido la
feliz suerte de ponerse en liquidación, mientras sus líos judiciales anduvieron
los años necesarios para librarse de una pesada carga laboral.
Justamente, el año pasado el Tribunal Constitucional conoció tres
procesos de amparo de obreros despedidos por la Western, dado que se comprobó
que “el cese del actor (trabajador) se produjo como represalia para impedir que
desarrolle actividades sindicales”.
La western inmisericorde con su mano de obra, no tuvo reparos en
recurrir ante INDECOPI denunciando que sus negocios se venían abajo por la
importación de hilos de algodón. Mientras atropellaba y se enriquecía a costa
de otros, clamaba “protección” al Estado, para que con plata de todos los
peruanos se impongan salvaguardias a sus intereses. ¡Qué gran ironía y
frescura!
Esta prosperidad indebida, tiene como incauta a una tardona “justicia”,
la que siempre tapada de la “vista” no ha logrado empuñar de manera eficaz su
espada contra el abuso y la arbitrariedad. Más aún si en Cañete, ya
transcurrieron 3 años de haberse implementado una nueva ley procesal de
trabajo, pero hasta la fecha no existe ningún juzgado especializado en dicha
materia.
De la misma forma, esta infausta realidad laboral en el valle, también
tiene como protagonista, a una Oficina de Inspectoría Laboral, que sólo atinan
a levantar actas, sin que el gobierno regional lidere un equipo de
profesionales que realicen un seguimiento a sus labores, y prevenir la burla de
los procesos judiciales en contra de los trabajadores.
Asimismo, una vez más INDECOPI se evidencia como una entidad que
reparte “barajas” entre los acreedores de una empresa caída, como la Western,
dado que tampoco puede activar mecanismos para evitar el atropello, o el
reconocimiento debido a los hacendosos que logran la riqueza de otros.
A lo anterior debe agregarse, que es cierto que a la constitución le
importe la libertad de empresa, tanto su ingreso como una salida correcta del
mercado, pero ello no significa menoscabar ni consagrar el abuso en perjuicio
del derecho constitucional al trabajo y a una “debida” remuneración.
Lo cierto es que, más allá de los presentes cuestionamientos, la
western ya no va más, está saliendo del mercado, quizás disfrazada por nuevas
empresas para evadir la responsabilidad laboral, y aún si existen “los amantes
del mercado” que creen que los derechos laborales son un costo para el país.
Qué va, a otro perro del hortelano con ese cuento.
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