Por Guillermo D. Grellaud
Presidente de la Comisión de Tributación de la CCL.
Buscando evitar acudir al Poder Judicial para que ejerza el control
constitucional del uso de los poderes legislativos concedidos al Ejecutivo a
fin de implementar su política tributaria, lo que generó 18 decretos
legislativos, los gremios presentaron sus críticas ante la subcomisión de
control de legislación delegada del Congreso, pidiendo que se modifiquen o
deroguen varios de los decretos expedidos.
Resultó una valiosa experiencia y la acogida recibida por la
subcomisión, presidida por el vicepresidente del Parlamento, Marco Falconí, fue
muy alentadora. No podemos decir lo mismo de
los informes producidos por este grupo de trabajo, pues han dado su
visto bueno a todos decretos aprobados por el Ejecutivo, con una sola recomendación puntual no trascendente.
Corresponde ahora que dichos informes sean revisados por la Comisión de
Constitución. Nosotros confiamos en que los temas planteados sean
cuidadosamente analizados en todos sus aspectos técnicos y constitucionales,
para que en posterior presentación al pleno del Congreso se puedan corregir los
excesos que han sido ampliamente sustentados por los gremios.
No conocemos el contenido de los informes de la subcomisión Falconí
pero, cualquiera que éste sea, no es comprensible que para ella sea legítima
limitar la facultad de los jueces para que, aun cuando aprecien que se está
cometiendo un abuso con el contribuyente, puedan otorgar medidas cautelares, a
menos que el contribuyente presente fianza o garantía bancaria, lo que, como
sabemos, es casi equivalente a efectuar el pago de la obligación exigida,
violentándose la Ley Orgánica del Poder Judicial y atentando contra el debido
proceso.
Son varias las objeciones a la legislación aprobada por el Poder
Ejecutivo que merecen ser revisadas cuidadosamente. Confiamos en que ello
ocurra, en lugar del acostumbrado carpetazo.
.jpg)
Comentarios