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ENRIQUE MENDOZA, flagelo exige articular esfuerzos de todas las
instituciones, manifiesta.
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Las instituciones del Estado tienen que articular esfuerzos para
combatir el delito transnacional de lavado de activos y, para ello, el Poder
Judicial es un aliado incondicional en esta lucha, afirmó el titular de la
Corte Suprema de Justicia de la República, Enrique Mendoza Ramírez.
Fue durante la ceremonia de inauguración del Quinto Congreso
Internacional en Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo, denominado Logros y retos del quinquenio, que organiza la
Asociación de Bancos (Asbanc) y el Grupo Milenium.
GOBERNABILIDAD
En este contexto, el magistrado ratificó que el delito de lavado de
activos atenta contra la propia existencia del liberalismo económico, por eso,
refirió, es válido afirmar que "este ilícito es un hijo parricida de
nuestro sistema de libre mercado".
En esa línea, consideró que el indicado delito va contra cualquier
teoría económica y por ello es necesario organizar las legislaciones de manera
que las libertades propias de la era global no perjudiquen sus propios
fundamentos, permitiendo la existencia y avance de este flagelo.
Mendoza Ramírez afirmó también que el Poder Judicial se encuentra listo
para combatir este delito, por ello hace varios años ha implementado la Sala
Penal Nacional y los Juzgados Penales Nacionales, que conocen los procesos por
delitos de lavado de activos.
MODERNIZACIÓN
Como parte del proceso de modernización de la administración de
justicia, Mendoza Ramírez conformó el consejo consultivo de esta institución
para el período 2013-2014, integrado por 17 especialistas en diferentes
materias.
Sus funciones se realizarán respetando los principios de autonomía
judicial.
Este equipo de expertos se encargará de brindar asesoramiento
calificado tanto para alcanzar propuestas como para efectuar el seguimiento o
evaluación de las alternativas de solución ya existentes, respetando los
principios de autonomía judicial.
PLAN DEL NCPP EN LIMA
La Corte de Lima cuenta ya con su plan de implementación del nuevo
Código Procesal Penal (NCPP) desarrollado con proyección a 2020, anunció su
titular, Iván Sequeiros.
El documento establece el número de órganos judiciales y personal
necesario para empezar a aplicarlo, así como los requerimientos para los años
siguientes. "Solo falta la infraestructura, por lo que estamos buscando
local, todo lo demás ya está establecido", detalló.
Su ejecución solo para los juzgados demandará un presupuesto de entre
80 millones y 90 millones de soles, dijo la autoridad, quien considera que ya
es tiempo de aplicar la reforma penal en Lima.
Novedades
El consejo consultivo lo integrarán juristas como Jorge Avendaño,
Javier de Belaunde, Raúl Ferrero, Roberto MacLean, entre otras personalidades.
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