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Por Rafael
Romero.
No se
puede negar que el crecimiento económico es sostenido, pero acaso ¿es justo
seguir creciendo en cifras mientras se mantienen conflictos de demarcación territorial
entre más de 370 distritos y provincias del Perú? Este asunto forma parte o
atañe directamente a la denominada modernización del Estado, que hace tiempo
debió avanzar en la resolución de este tipo de conflictos.
Al
parecer no ha habido, ni lo hay, un liderazgo en este aspecto de la reforma de
nuestro Estado, peor aún cuando existen normas expresas que deberían conducir
adecuadamente las salidas a los embrollos de límites distritales y
provinciales.
Tenemos,
por ejemplo, la Ley N° 27795, conocida como Ley de demarcación y organización
territorial; también contamos con su Reglamento, aprobado en el año 2003
mediante el Decreto Supremo N° 019-2003-PCM; y tenemos resoluciones
ministeriales de la Presidencia del Consejo de Ministros que han establecido
los planes anuales de demarcación territorial. Sin embargo, no se ha puesto el
énfasis necesario dado que los políticos no siempre escuchan a los técnicos
especializados en esta problemática, cuyas recomendaciones no son generalmente
tomadas en cuenta por las autoridades de los gobiernos descentralizados.
Y si
ya teníamos en contexto desde hace décadas que el 90% de leyes de creación de
provincias no definen límites, sumemos ahora el miedo o la demagogia de los
políticos que, por no perder votos, no le comunican a sus pueblos los
beneficios de las verdaderas delimitaciones que requieren, e incluso de las
fusiones distritales que científicamente les corresponde, arrastrando así una
problemática que limita seriamente no solo el accionar del Estado sino que
también pueden desatar conflictos sociales violentos donde no se descarta que
tarde o temprano se generen enfrentamiento entre las poblaciones.
Pero,
sin contar los casos más graves de ausencia o mala demarcación territorial,
actualmente el 75% de los distritos y más del 80%% de las provincias no están
debidamente delimitados. ¿Qué hace la PCM como ente rector frente a este tipo
de problemas? ¿Y que además tiene en su seno a la Dirección Nacional Técnica de
Demarcación Territorial (DNTDT), con profesionales de primer nivel, aunque en
número insuficiente? ¿No es hora de que los políticos presten la debida
atención a la definición clara de los límites sobre todo en casos urgentes como
los casos Chincha-Cañete, Puno-Moquegua, Tacna-Moquegua, Mazamari-Pangoa,
Sechura-Paita, Ica-Ayacucho, entre otros, sin contar los existentes en Lima?
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