(VÍDEO) Postergada
quedo la audiencia oral en Cañete a la
que fue citado el presidente regional, Javier Alvarado, como parte del proceso
judicial iniciado en su contra por el caso Telefónica.
Una vez instalada la sala, la
disposición emitida por el juez Pablo Huertas Mogollón, del Juzgado Penal
Unipersonal de Cañete, tuvo que postergar la audiencia ante la no presencia de
la defensa de Javier Alvarado y la ex regidora del distrito de Lunahuaná, Maite
Chuquipoma que no asistieron.
La situación legal del
presidente regional, que tendrá que ser debatida en tribunales, ha generado una
serie de posiciones en las nueve provincias sobre los argumentos de defensa que
buscan probar su inocencia en este caso.
Para el colectivo
anticorrupción que integran los ex aliados de la actual gestión regional,
asumen que el pedido de habeas corpus en la Corte de Chincha, solo busca
dilatar el proceso más de la cuenta.
Sin embargo para Luis Enrique
Fernández Estrella, gerente general del GORELI, califica como un ensañamiento
personal la posición asumida por este colectivo, amparado en un derecho de
legítima defensa que los magistrados deberían tener en cuenta en este caso.
“No es para que se deje sin efecto el juicio o se archive, sino para que se retrotraiga el proceso hasta el momento en que se conculcó este derecho” dijo.
“Consideramos que la Fiscalía de Cañete no ha motivado ni ha sustanciado su acusación de este último delito en contra del presidente Alvarado por lo tanto la reapertura no sería un acto totalmente legal” agregó.
Pues considera que se estaría
vulnerando el derecho de investigarse el caso y haber ido en contra de una
resolución que declaraba archivado el proceso anteriormente.
Indico que rebatirán los
argumentos de la fiscalía al considerar que no cuentan con los argumentos ni
asideros legales correspondientes “por lo que pediremos la absolución” mencionó
el gerente quien descarto que la ausencia de los abogados sea parte de alguna
estrategia.
Los presuntos delitos que se
investigan son malversación de fondos, peculado y colusión por el embargo
realizado a las cuentas de la empresa Telefónica por casi 3´489,000 soles, de
losque se acusa por aparente malos manejos en su administración en ingreso en
las arcas de la municipalidad de Lunahuana, cuando Alvarado fue alcalde en ese
distrito.
Para este 26 de agosto en el
penal de Cantera está prevista la próxima audiencia donde deberán comparecer
todos los involucrados para el inicio de este proceso.
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