Desigualdad Social en Cañete

CONDESTABLE, COMUNEROS Y EL "CRIMEN" DE LA PROTESTA SOCIAL.

Por Vladimir Alexander Rojas Hinostroza.

Nadie en su sano juicio condena la inversión del capital nacional o extranjero en estas tierras. Aunque, a nuestros gobernantes (nacional, regional o local) poco o nada les importe si la jauría empresarial, más allá del interés de recuperar lo invertido, humille derechos colectivos o individuales en la búsqueda del incremento patrimonial.

En nuestro valle, pretende transitar inadvertido un episodio descomunal, que involucra la ejecución de normas y la función de autoridades, que lejos de recurrir en socorro de la parte débil en una relación desventajosa, termina institucionalizando el castigo a la protesta social.

Aunque hay que ser claros: la lucha social es un acto de protesta, y no un acto delincuencial. Por ello, los verdaderos extorsionadores, asesinos y malhechores están padeciendo penas privativas, aunque no en su gran mayoría. La impunidad es latente, con el auspicio de malos policías, fiscales y jueces, dado que el comercio del "cupo" es rentable.

Justamente, en la Comunidad Campesina de Mala se registra una lamentable historia, por el lado institucional y la defensa local. Resulta sorprendente como en pocas horas, centenares de efectivos policiales son desplazados en protección de la empresa minera Condestable, situación que no se replica cuando un hijo de Cañete es asaltado o asesinado por las bandas que asolan la provincia, porque las hay, y no hay que negarlo.

Tal comunidad, en un claro y sincero acto de transparencia ha difundido un comunicado explicando las razones de su reclamo: La empresa Condestable no está respetando un convenio acordado, están afectando el ambiente de sus tierras, y han despedido a casi un centenar de trabajadores. A Condestable hasta la fecha no le da la gana de comunicar nada.

9 comuneros, padres y madres con hijos en estado de discapacidad, han sido privados de su libertad, sólo por haberse solidarizado en una protesta ante los abusos perpetrados por dicha empresa, con un coloquial y silente proceder de la autoridad. No fueron capturados en momentos de lucha, sino en una reunión pacífica: La consigna estaba dada, al existir un mandato judicial, muy bien ejecutado por la PNP. Qué paz respiraríamos si todos los fallos judiciales son acatados a cabalidad.

Criminalizar la protesta social, sólo motivará mayores resentimientos y descontentos en perjuicio de la inversión; pero en un país como el nuestro, los empresarios son reconocidos por su productividad, aunque ello conlleve la muerte, aniquilar sindicatos, y perseguir dirigentes, como recientemente ha ocurrido en el Valle de Mala.

Ni la voz del Colegio de Abogados de Cañete se ha hecho sentir, aunque valgan verdades, nadie extraña a un ente estéril que nunca manifiesta ni da señales de vida. Ni mencionar a la autoridad edil de Mala, de Cañete o de la Región. Es que paran más preocupados en partidos de fútbol, o en las próximas elecciones, y no puede lidiarse con un "feliz" aportante que sería Condestable. Basta con recordar un cena profondos en la ciudad de Lima.

Y la prensa nuestra de cada día, sólo emitía despachos radiales o televisivos del deber cumplido por la PNP, a las pocas horas el tema que no vende pasa a segundo plano. Es parte de la limitación de escuchar reclamos por falta de energía eléctrica, cuando es evidente la falta de energía cívica.

¿Usted está de acuerdo con criminalizar nuestra lucha social?