Por Vladimir Alexander Rojas Hinostroza.
Ordenémonos. La seguridad es
la que buscamos alcanzar, pero sobre la inseguridad es dónde debemos apuntalar
o agendar para combatirla.
Desde hace más de 20 años, con
el pretexto de sacarnos de la ruina nacional, el Estado invirtió y fortaleció
instituciones afines al gran capital (MEF, BCR, organismos reguladores, etc.)
con funcionarios bien pagados, mientras que los servicios públicos básicos
(como educación, salud y justicia) quedaron relegados, como el que ofrece la
PNP. Después de unos años, iba a explosionar la realidad que hoy enrostramos.
En Cañete, recibimos un nuevo
modelo procesal penal (2009), y procesal laboral (2010), sin presupuesto; y
nunca vimos ni a magistrados ni a funcionarios reclamar por ello, sólo los
hemos visto reclamar por mejores sueldos. El sistema judicial por ello se
encuentra sumergido en el fracaso de la lentitud y el descrédito. Ahí un primer
punto, sobre el que trabajar.
Seguidamente, la PNP abandonó
la esencia de la seguridad pública encomendada por la Constitución, para
atrincherarse en el esquema de los servicios privados en cuánta empresa se lo
haya requerido. No protestamos por tal espectáculo de años que se luce en
nuestro valle, como se registra hasta hoy en un nuevo "mall". Hemos
aprendido a convivir con esa idea: la privatización del servicio de la PNP, y
por ese lado, también deberíamos polemizar.
Nuestras autoridades ediles y
regionales entendieron en los comités locales, la necesidad de apoyo logístico
y de unión entre serenos y efectivos policiales, pero seamos realistas, el
patrullaje integrado en la realidad, es la actuación de un "policía copiloto"
en un vehículo municipal. Ni mencionar que en el ámbito rural, tal "acción
conjunta" es inexistente. Y seguirán los robos de motos lineales y autos
taxis.
Nos hemos acostumbrado, sin
marcha de por medio, a observar en nuestras narices la circulación de vehículos
(hasta oficiales) sin placas. Cuántos asaltos se hubiesen frustrado, si tales
unidades hubiesen parado en los depósitos municipales, gracias a la labor del
"patrullaje integrado", pero esa labor le es ajena. Ese es otro punto
que replantear a nivel local.
Los dirigentes sindicales, en
su mayoría fueron a parar a la cárcel (por extorsionadores o agitadores de toma
de carreteras), o muertos muchos; pero ello no redujo las matanzas que se
siguen registrando en los últimos días. Cancelar dirigentes no ha sido un clave
para contrarrestar la inseguridad. Sin clase sindical, gobiernan las bandas.
Pero no nos hemos preocupado en exigir dirigentes de nivel.
En calles y pistas transitan
como ambulantes, municipales e inspectores sin una mínima instrucción superior.
Si no empoderamos el principio de autoridad, con gente idónea (que los hay), se
multiplicarán las infracciones, y no se fomentará una cultura de respeto
necesaria que tampoco nadie lidera ni reclama.
Creímos necesaria la
existencia de un penal para nuestros reclusos, pero no reparamos que en unos
años, los índices de criminalidad tendrían como protagonistas a jóvenes. Y en
Cañete, no existe ningún centro de reclusión de menores, que impida que dicha
generación aprenda del "lumpen" nuevas técnicas de asaltos y
arrebatos. Y tampoco hemos exigido ello.
La lista puede ampliarse, pero
lo primero es comprender, que la tarea no sólo es de autoridad, sino de la
población en su conjunto. Aún estamos a tiempo, de revertir la historia.
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