ESTOS SON LOS DIRIGENTES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL QUE PELEAN
POR CUPOS EN CHILCA.
El diciembre y noviembre murieron dos personas, hace tres
días se enfrentaron a balazos y hoy atentaron contra el vehículo de otro
sindicalista.
Escribe GUSTAVO KANASHIRO
FONKEN (@gkanashiro)
Los asesinatos vinculados con
las peleas por cupos en construcción civil van en aumento. En Salinas,
localidad del distrito de Chilca, Cañete, dos bandos que quieren adueñarse de
todos los cupos de una obra han protagonizado incidentes que hasta ahora han
dejado dos muertos.
Toda esta violencia es parte
de una pelea entre el sindicato de Salinas-Chilca, dirigido por Cristian
Jonathan Gonzales Ramos (29), y el sindicato de Salinas, encabezado por el ex
dirigente Yony Ccahuana Salazar (41), alias “Peluca”.
Gonzales Ramos es un dirigente
que vive en Chilca y representa al grupo de trabajadores que busca desplazar a
bando opuesto liderado por Ccahuana Salazar, natural de Huancavelica y con
residencia vigente en Lima.
Según fuentes de El Comercio,
estos grupos se enfrentan desde hace más de un mes, cuando una resolución de
Construcción Civil determinó que el sindicato de Ccahuana debía salir de
Salinas y dejarle el paso libre al de Salinas-Chilca, quienes encabezaron una
marcha que terminó en una balacera en la obra que se disputan, ubicada a la
altura del kilómetro 65 de la Panamericana Sur.
INCIDENTES VIOLENTOS
El 31 de diciembre, personas
aún no identificadas asesinaron a Pablo Antonio Hinostroza Alcarraz, alias “Cholo
Diego”. Según la policía, era un dirigente de Cerro Azul que estuvo vinculado
con gremios de Balnearios de Asia, Mala, Cañete y Salinas y su muerte estaría
relacionada al conflicto por la obra de la constructora El Positano.
Esta no es la única muerte que
cobró esta disputa. El 21 de noviembre último, Cristian Chávez Reyna (31)
perdió la vida en un enfrentamiento a balazos que dejó a otras tres personas
heridas: Víctor Manuel Boez Gamboa, Maribel Cuya Blas y Antonio Millar Briceño.
Hoy, mientras la policía se
dirigía a Salinas tras recibir información de que un grupo de 30 personas del
sindicato entrante estaba movilizándose otra vez, desconocidos hicieron
explotar el carro de Julián Caycho La Puente, secretario general del sindicato
de Chilca.
PELEA A MUERTE POR DINERO
El grupo entrante, dirigido
por Gonzales Ramos, habría obtenido el apoyo de un grupo de pobladores
desocupados de Chilca al que le ofreció trabajo en la obra de El Positano. Son
ellos los que se agruparon el viernes para tratar de desalojar al sindicato
saliente. El atentado contra Caycho La Puente buscaría reducir el apoyo hacia
el sindicato entrante.
El conflicto tiene como única
finalidad asegurar que los miembros de uno u otro sindicato ocupen los cientos
de puestos de trabajo que ofrece la constructora, además de cobrar cupos a los
trabajadores.
Aproximadamente cada
trabajador cobra al mes entre S/.300 y S/.600, los cuales pueden llegar a las
arcas del sindicato. Además, los gremios exigen un pago de entre S/.10 y S/.20
semanal por cupo a cada trabajador. Si se habla de unos 300 trabajadores dentro
de esta obra, la suma mensual se elevaría a más de S/.180 mil.
SE ALIMENTAN DE LA
INFORMALIDAD
Para el general en retiro
Víctor Gandolfo, asesor en temas de violencia de obra de la Cámara Peruana de
la Construcción (Capeco), el problema es que ningún sindicato da su brazo a
torcer y siempre quieren copar la totalidad de los cupos de las obras.
“Lamentablemente la ley
permite que cualquier grupo pequeño forme sindicatos y todos quieren sacar
provecho de eso de hasta tres formas: le cobran a las empresas para dejarlos
trabajar, le cobran a los trabajadores por cupo otorgado y aparte también
extorsionan a los constructores”, relató a El Comercio.
Para tratar de buscar una
solución al problema interminable de la extorsión en el sector, Gandolfo
recomendó modificar las leyes para obligar que se empadrone a todos los
trabajadores. “Hay delincuentes que figuran en planillas pero que no trabajan y
cobran cupos”, señaló.
También recomienda que los
sindicatos puedan dar cuenta cómo emplean el dinero que acumulan en las obras,
ya que los miles de soles que recolectan los usan para armar y contratar
delincuentes. De esta forma, las propias empresas terminan siendo las que
financian a sus extorsionadores.
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