El Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) ratificó el acuerdo del consejo directivo de
ProInversión para instalar bloqueadores de teléfonos celulares, entre otras
medidas de seguridad tecnológica en 33 penales del país, con la finalidad de
frenar la extorsión telefónica desde las cárceles.
Mediante una
resolución suprema publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, el MEF
ratifica el Acuerdo 580-1-2014-CPD adoptado en la sesión del 20 de febrero del
2014, a través del cual se acordó aprobar el Plan de Promoción de la Inversión
Privada del Proyecto “Prestación de servicios de seguridad tecnológica en las
prisiones”.
La norma
lleva la rúbrica del Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y está
refrendada por los ministros de Economía y Finanzas, Miguel Castilla Rubio, y
de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo Rivadeneyra.
Esta
iniciativa privada busca mejorar sustancialmente la seguridad de un grupo de
establecimientos penitenciarios, instalando diversa tecnología (videocámaras,
escáneres, registro biométrico, bloqueadores de celulares y señal wifi, etc.),
según el número de internos existentes en estos.
También tiene
como finalidad mejorar el sistema de comunicaciones públicas de los presos
mediante la colocación de nuevos servicios de telefonía, en exclusividad para
quien resulte operador del servicio.
Asimismo,
tiene como objetivos generar trabajo dentro de los penales utilizando la
tecnología de "call center" y mejorar la eficiencia en todos los
procesos de administración y automatización de visitas.
Beneficios
Según el
proyecto, entre los beneficios de esta iniciativa de inversión privada están el
fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mediante el control del flagelo de
la extorsión telefónica desde las cárceles.
Los equipos
de seguridad electrónica permitirán no solo bloquear la señal móvil, sino que
también identificarán la prisión desde donde se intente realizar la llamada
extorsionista o delictiva y al interno que la ejecuta.
Para los
internos, esta medida significará una oportunidad para trabajar en el
"call center" y obtener ingresos, así como la prestación del servicio
telefónico a los presos con mayor calidad y menor costo que la tarifa del
servicio de telefonía en cabinas públicas existentes.
De igual
forma, brindará oportunidad de que los familiares consignen dinero en una
cuenta bancaria nacional para que el interno pueda realizar llamadas.
Para el
Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) este proyecto permitirá la
modernización de los 33 penales que tienen más de 400 presos cada uno, sin
costo para el Estado.
Esta
modernización se hará mediante la incorporación de bloqueadores de señal
celular, teléfonos públicos en las cárceles, softwares de administración
carcelaria, sistema de control biométrico digital dual de visitantes,
automatización de citas, escáneres de radiofrecuencia para visitantes, sistema
de videocámaras, sistema de videoconferencias y grilletes electrónicos.
Los equipos y
el software instalados permitirán un manejo profesional, con calidad y seguridad
de las telecomunicaciones.
Este proyecto tendrá cobertura en penales de
Lima y sus provincias Cañete y Huaral; así como las regiones Callao, Ica,
Ayacucho, Piura, La Libertad, Lambayeque, Huánuco, Ucayali, Cusco, Junín,
Arequipa, Áncash, San Martín, Cajamarca, Puno, Amazonas, Pasco, Tacna, Madre de
Dios y Tumbes.
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