SINDICATOS EN GUERRA POR EL
CONTROL DE LAS OBRAS EN LOS BALNEARIOS DEL SUR.
A solo 80 kilómetros al sur
Lima, surgen nuevos sindicatos no adscritos a confederaciones ni asociaciones
vecinales, ávidos todos por beneficiarse del apogeo de la construcción. En lo
que va del año, 600 personas han sido intervenidas por enfrentamientos entre
estos grupos.
Escribe Beatriz Jiménez y
Leidy Yaya.
Tras varios meses de tregua,
se han reanudado los enfrentamientos entre los sindicatos de construcción civil
de los balnearios del sur.
La violenta temporada comenzó
el último miércoles con el asesinato del dirigente de construcción civil Joel
Santa Cruz Quispe, en la localidad de Imperial, en Cañete.
Hasta el año pasado, 13
personas habían sido asesinadas. En el poblado de Mala, seis dirigentes
comunales y un abogado fueron acribillados, y en Asia y Chilca, sindicatos de
diferentes facciones protagonizaron periódicamente balaceras callejeras por el
control de las obras.
Las fiscalías de esas
jurisdicciones no llevan la cuenta de los asesinatos provocados por el
sicariato en los balnearios del sur. En lo que va del año, la División de Obras
Civiles de la Policía Nacional (Divproc) ha intervenido en los balnearios del
sur a 600 personas relacionadas con actos de violencia en construcción civil y
ha desarticulado siete bandas de extorsionadores.
LOS REYES DEL SUR
El boom de los proyectos
inmobiliarios es tal que los propios municipios están autorizando a
asociaciones vecinales de construcción civil para obtener cupos en las obras
mediante ordenanzas municipales, como es el caso del municipio de Pucusana, que
obliga a contratar a 50% de obreros de su municipio.
"Los alcaldes toman
muchas veces a estos grupos de portátil", denuncia el coronel PNP Jose
Luis Saavedra, jefe de la Divproc. Pero, pese a la proliferación reciente de
estos grupos vecinales, los sindicatos siguen siendo los reyes de las obras en
el sur.
Ante el nivel de violencia, La
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) afirma que tan solo
reconoce a tres bases de construcción civil: una en Chilca, dirigida por Julián
Caycho La Fuente; otra en Asia, dirigida desde 2013 por Luis Camacho Medina; y
finalmente, tres sindicatos en el distrito de Cañete.
Según la CGTP, estos
dirigentes lidian ahora con "pseudosindicatos" que han obtenido
permisos emitidos por el Ministerio de Trabajo.
"Solo debería darse un
permiso por distrito para evitar todo tipo de enfrentamientos", señaló a
La República Luis Villanueva, secretario de organización de la CGTP.
Por su parte, la Central de
Trabajadores del Perú (CTP) declaró a La República que ya no cuenta con
sindicatos en el sur chico, pues desafiliaron a los sindicatos en Asia, Cañete
y Chincha en una purga para sacar de sus filas a personas vinculadas con la
extorsión y la violencia en construcción civil.
Sin embargo, la efervescencia
de obras inmobiliarias en los balnearios ha generado que irrumpan ahora
sindicatos no adscritos a las confederaciones.
Es el caso de la Federación
Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (Fenatracc), que cuenta con la
mayor cantidad de bases, y cuyo secretario general es Augusto Ramos Dolmos.
Este dirigente de construcción
civil militó en la CGTP desde los años
setenta hasta el 2005. Posteriormente formó el Sindicato de Construcción de
Lima Norte y Conos y se afilió a la Confederación de Trabajadores del Perú
(CTP). Según Elías Grijalva, secretario de la CTP, Ramos Dolmos fue expulsado,
pero este señala que se desafilió en 2009 por discrepancias "con las
consignas del Apra que dirigen la CTP".
Actualmente, Ramos tiene su
propia Federación y asegura a La República que cuenta con 76 sindicatos a nivel
nacional. Entre ellos cuatro sindicatos en Mala, otros tres en Chilca, uno en
Chincha, 14 en Pisco y dos en Paracas.
En 2012, fue arrestado en
Villa El Salvador por posesión de armas, pero fue absuelto tras explicar que tenía
licencia para portarlas.
Ramos Dolmos sostiene que no
comulga con la violencia y que, pese a ello, 12 dirigentes de su sindicato han
sido asesinados desde el 2009. Él mismo indica que eludió a la muerte el 11 de
agosto de 2011 al sobrevivir a un atentado contra su vida.
Precisamente, Mala, donde
predominan los sindicatos adscritos a la federación de Ramos Dolmos, es una de
las zonas más violentas del sur chico.
EN MALA NO HAY PAZ
Juan Tucto Arias (47),
vicepresidente de la comunidad campesina de San Marcos de la Ahuada, en Mala,
quiere dar la cara a los que quisieron asesinarle junto a su hijo de siete años,
el pasado 23 de febrero.
Escondido en algún rincón de
Lima, y aún con tres balas alojadas en su cuerpo, Tucto Arias acusa al
presidente de la comunidad campesina, Juan Chumpitaz Vera, de haber pagado a un
sicario para asesinarle y poder traficar con las tierras de la comunidad. La
tarde del atentado, Tucto volvía en moto de recoger uvas en su chacra junto a
su hijo de siete años cuando un sicario lo interceptó. Tras caer al suelo producto
de los disparos efectuados, y creyéndolo muerto, el delincuente tomó una
fotografía con su celular de su víctima para mostrar a su cliente el éxito de
su trabajo. Sin ningún remordimiento, efectuó un disparó en el abdomen al
pequeño porque estaba gritando.
Pero Tucto Arias
milagrosamente sobrevivió y hoy hace su denuncia en la clandestinidad. El
dirigente asegura que el hombre que intentó matarlo es el mismo que le proporciona seguridad al
presidente de la comunidad campesina de San Marcos. Por eso, retornar a Mala
sería su sentencia de muerte. La República no pudo ubicar al dirigente comunal
para obtener su versión frente a este señalamiento.
En los dos últimos años, Arias
Tucto denunció que seis dirigentes de la misma comunidad fueron asesinados en
Mala en una guerra entre los mismos dirigentes. A la lista de víctimas se suma
el abogado Fausto Orlando Tumay Navarro, baleado el 8 de enero de este año en
su propio despacho, situado a pocos metros del juzgado de Mala.
El alcalde de Mala, Víctor
Carvajal, se negó a conversar con La República pese a los reiterados pedidos.
Por su parte, la fiscalía de Mala también ha preferido guardar hermético
silencio. Los fiscales se niegan incluso a dar información estadística sobre el
número de homicidios simples y calificados en su distrito.
De acuerdo con un informe
policial obtenido por La República, traficantes de terrenos en Mala estarían en
contubernio con miembros de construcción civil.
En Mala, los cuatro sindicatos
de construcción civil, afiliados a la Fenatracc de Ramos Dolmos son dirigidos
por Feliciano Maldonado Astuvilca. Sin embargo, el dirigente, quien
recientemente asumió el cargo, afirma que nada tiene que ver con el tráfico de
terrenos ni con la violencia, y más bien acusó a la dirigencia anterior, encabezada
por Jimmy Santos Ávalos, asesinado en agosto de 2012 en un enfrentamiento entre
bandos de construcción civil. Maldonado dijo que Santos Dávalos trabajaba con
gente del Callao y afilió al sindicato a la CTP.
Con la partida de Dávalos y de
Eduardo López Benítez, quien creó su propio sindicato en Asia, Santos Maldonado
cree que la paz llegó finalmente al sindicato de Mala, que se afilió a la
Federación de Ramos Dolmos. Pero no así a San Marcos de la Ahuada.
IMPUNIDAD EN IMPERIAL
En Imperial, Cañete, los
supuestos obreros de construcción civil detenidos durante refriegas o bajo el
delito flagrante de extorsión solo permanecen en la comisaría pocas horas.
Así lo comprobó La República
el pasado 8 de abril, cuando acompañó a la División de Protección de Obras
Civiles (Divproc) a un operativo en Imperial (Cañete), concretamente realizado
en las obras de construcción del nuevo mercado minorista de abasto San
Leonardo.
David Cuéllar Gutiérrez (23),
Felipe Román Ordóñez (45), Luis Flores Tocasque (22), Fausto Enrique Casavilca
Antoniette (31), José Luis Cuenta Casso (21), Teodoro Carbonero Tocasque (43) y
Carlos Cerro Bruno (21) llevaban en su poder armas de guerra, por lo que fueron
trasladados a la fiscalía de Cañete. Cuéllar Gutiérrez y Román Ordóñez tienen
antecedentes por homicidio, extorsión y robo agravado.
En aquella oportunidad, La
República fue atacada por los mismos detenidos y sus familiares en la puerta de
la comisaría, donde amenazaron de muerte a la reportera y al fotógrafo si
continuaban cubriendo el operativo policial. Tres horas después de entrar a la
comisaría, los presuntos extorsionadores fueron puestos en libertad.
Estos vacíos para poder luchar
eficazmente contra los pseudosindicatos ha sido denunciado por la Divproc, que
solicita un fiscal ad hoc para investigar estos casos de violencia en
construcción civil.
LA POLICÍA SOLICITA FISCAL AD
HOC PARA TRATAR CASOS DE EXTORSIÓN
El coronel José Luis Saavedra,
a cargo de la División de Protección de Obras Civiles (Divproc), pidió a través
de La República que se ponga a su disposición un fiscal ad hoc para acabar con
la impunidad en los casos de violencia en el rubro de la construcción.
A pesar de ser más de 600 los
intervenidos en el sur bajo el delito de extorsión en lo que va de año, solo se
han formulado 11 denuncias.
Al respecto, el coronel PNP
denunció que las fiscalías locales ponen sospechosamente en libertad a los
detenidos pocas horas después de ser detenidos, argumentando fallos
burocráticos en los atestados.
Además, afirma que los
fiscales ponen trabas al pedir que en menos de 20 horas la Policía presente las
pruebas para poder abrir los procesos de investigación.
El delito de extorsión está
penado con hasta 15 años de cárcel según el artículo 200 del Código Penal.
"Los fiscales, por temor o desconocimiento, no aplican esta
legislación", denunció.
Informó que recientemente
presentaron varias investigaciones a Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior
coordinador de Fiscalías de Crimen Organizado. Sin embargo, esta fiscalía
rechazó –según Saavedra– el pedido explicando que no son especialistas en
delitos por extorsión.
En el transcurso de este
reportaje, corroboramos el miedo existente en las fiscalías del sur. En todo
momento, los fiscales de Mala y Cañete se negaron a facilitar información e
incluso datos estadísticos como el número de homicidios simples y calificados
dentro de sus jurisdicciones.
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