Escribe Andrés Tello Velazco.
Este año se van realizar
elecciones regionales por cuarta vez en este siglo (2002, 2006,2010 y 2014).
Han surgido últimamente una serie de cuestionamientos y no es precisamente el
mejor momento para la institucionalidad e imagen de los gobiernos regionales,
luego de tres periodos de gestión y casi doce años de instalarse en el país.
Se aceptó que los
departamentos se convirtieran en regiones porque era lo más fácil. En el año
2002, los políticos no se ponían de acuerdo de cómo afrontar la regionalización
y para evitar salir heridos o perder votos, se decidió este experimento de los
departamentos/regiones como un elemento transitorio, trasladando la decisión
para “más adelante”, para otro gobierno, para otro momento.
Las transferencias de
funciones a las regiones, de lo que dejaría de hacer el gobierno central y
trasladarla a las regiones, casi se demoraron 10 años, sin acompañarse las
transferencias económicas o las plazas técnicas para esta responsabilidad. De
partida, esto era torpedear todos sus ángulos. Era una silla de tres patas,
inclusive cuando se estableció la obligatoriedad de pasar por el CND (Consejo
Nacional de Descentralización), dirigido desde el gobierno nacional, quien
decidía cuanto y como podían gastar las regiones, siendo en la práctica el arma
política del gobierno de turno. Luego sería desactivado.
Por otro lado, el Congreso
debilitó a los Presidentes Regionales de los Concejos y estableció un poder
paralelo, el Consejo Regional. También
modifico la elección de los consejeros (2010), para que sean electos en
forma individual y no por listas, generando en muchos lugares inestabilidad o
falta de gobernabilidad. Es decir, se alentó el transfuguismo porque los
consejeros luego podían declararse “independientes”, actuando bajo intereses
personales y sin un marco gubernativo de conjunto o grupo, ahondando el
debilitamiento de su propio sistema político.
A raíz de los escándalos y la
incapacidad de algunos gobernantes regionales, como en los casos de Cajamarca,
Tumbes, Loreto, Ayacucho, Callao, Huánuco, Cuzco y otras regiones, somos
testigos del emblemático caso de Áncash, con el hoy encarcelado Presidente
Regional, Cesar Álvarez. Como producto de esta ola de desaciertos, el Congreso
Nacional busca corregirlos presentando una serie de proyectos de ley que
atiende la coyuntura, el escándalo, la política del parche capitular, pero no
la estructura profunda de estos vacios administrativos y permisivos que han
dado un salto geométrico a la corrupción.
Esas nuevas propuestas de
leyes para los gobiernos regionales, son las siguientes:
Proyecto de Ley para ser
candidato a la Presidencia Regional sin tener 3 años consecutivos y efectivos
de vivir en la región. Se reduce a un año. También pueden postular los que
hayan nacido en el lugar, sin importar si nunca vivió o vive en el lugar.
Proyecto de Ley para “evitar
la reelección inmediata o mediata”, en el cargo de Presidente Regional o
Alcalde.
Proyecto de Ley, que establece
como causal de vacancia de los presidentes regionales el incumplimiento del
presupuesto participativo.
Proyecto de Ley para que los
congresistas puedan renunciar a sus cargos y postular a los Gobiernos
Regionales.
Proyecto de Ley, que propone
modificar la Constitución Política del Perú, para permitir que los Presidentes
Regionales puedan ser “interpelados” por el Congreso de la República, pudiendo
ser objeto de vacancia en el cargo. Olvidan nuestros parlamentarios que los
Presidentes Regionales son elegidos por mandato popular, es decir electos por
los ciudadanos en una jurisdicción territorial, no es, como el caso de los ministros.
Ellos no son elegidos, son designados por el Presidente de la República y por
lo tanto pueden o no ser censurados y cambiados por otros.
No se trata que a los
Presidentes Regionales no se les pueda investigar, simplemente que las
Comisiones del Congreso no sirven para ello, lo politizan en la medida que
todos ellos sin excepción mantienen intereses vinculados a las administraciones
regionales o apoyos a candidaturas de ellos o de sus aliados. Es decir, el
Congreso de la República, está planteando, en la mayoría de las veces,
proyectos de ley que se acomodan con su conveniencia política y personal,
limitándose a acciones que solo logran debilitar aún más el nivel de gobierno
regional ¿O no es cierto que algunos legislan pensando en ser candidatos a
Presidente Regional “porque hay plata, en las regiones”.
La Contraloría General de la
República, que debe ser el órgano de control por excelencia, ha llegado a su
nivel de incompetencia más bajo en este tema, primero, porque no puede llegar a
todo el país ¿quién puede afirmar hoy que la contraloría es un órgano eficiente
e incorruptible? Nadie toca este tema gravísimo de un ente llamado a prevenir
los delitos de corrupción, entonces ¿de quién es la responsabilidad de la
ineficacia en las acciones de control sobre actos de corrupción en los Gobiernos
locales y regionales?
Si el congreso quisiera
corregir la distorsión evidente que hay en el sistema actual de
Departamentos/regiones, lo primero que debe hacer es exigirse que se retome el
debate y propuesta de la creación de las VERDADERAS REGIONES (unión de varios
departamentos, regionalización transversal auto sostenibles); que interpelen al
Presidente del Concejo de Ministros para que explique porque se ha abandonado
este tema; que se interpele al Ministro de Economía para que informe si hay
voluntad política del gobierno centralista (Léase Nadine/Ollanta) de luchar
contra la corrupción como política de Estado; cuáles son las acciones concretas
en presupuesto, selección de personal y otros detalles afines que permitan a la
Contraloría General de la República luchar y sancionar a los corruptos; y
finalmente, que diga el Ministro de Justicia, porque los procuradores están más
preocupados en persecuciones políticas, antes que actuar contra los que mal
utilizan el dinero público.
El gobierno nacional, tratando
de responder a las encuestas de falta de autoridad e imperceptible lucha contra
la corrupción, que ofreció como plan inmediato de gobierno, ha tenido la
infeliz idea de crear las Comisiones Anticorrupción Regionales CAR,
dependientes de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción que reporta a la PCM,
a cargo de Susana Silva, señalando: se infiltraran policías, como agentes
encubiertos con identidades supuestas, para detectar irregularidades en
gobiernos regionales corruptos. ¿Qué garantía existe que esta información no
será filtrada contra los enemigos políticos del gobierno de turno ¿Estamos
volviendo a la etapa de los Comisarios Políticos?
Estoy seguro que hay mucho por
hacer, que muchos Presidentes Regionales podrán ser sospechosos y algunos
inclusive culpables. Nos avergüenza a todos en el Perú que una persona electa
por el voto popular cometa delitos y sea expuesto con grilletes, pero es la Ley
y los que cometen delitos deben ir presos, eso no está en discusión, pero los
culpables de que el sistema esté debilitado somos todos. Tampoco concluyamos
irresponsablemente que el nivel de gobierno denominado “regiones” son las
culpables. Debemos mejorarla y perfeccionarla sin buscar debilitarlo aún más
con leyes coyunturales que no atacan el fondo de la crisis.
Lo que está por ser destruido
es el sistema político no seamos ingenuos por los individualismos que acusan o
proponen leyes parche para finalmente negociar el poder Regional con sus
candidaturas.
“Planificación, participación y Transparencia,
para lograr el desarrollo regional”
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