No
cabe duda que en materia de servicios públicos, el sector saneamiento es el más
rezagado en nuestro país. Los diagnósticos e indicadores que permiten
corroborar ello abundan y en ese sentido desde el 2016 se ha emprendido una
reforma que, de lograr los resultados esperados, permitirá un cambio profundo
de este sector en los próximos años.
Para
lograr este objetivo, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS), se tomó desde años atrás, la adecuada decisión de apostar por las
Asociaciones Público-Privadas (APP) como el mecanismo más eficiente que permita
cerrar la brecha del tratamiento de las aguas residuales.
No
hay que olvidar que este tratamiento es la etapa del ciclo del agua donde mayor
rezago se tiene, pese a que el Estado ha invertido mucho y mal fuera de Lima,
tal y como lo corrobora la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento, Sunass (en su Diagnóstico de las Plantas de Tratamiento de Agua
Residual (PTAR) de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS)
del 2015, se concluye que de más de 200 plantas construidas a nivel nacional,
son menos de 10 las que operan de manera adecuada).
A
la luz de los resultados, la necesidad de un cambio era fundamental y sobre esa
base se ha realizado una exitosa promoción de la participación privada en el
sector, la cual se corrobora con el portafolio vigente que tiene el MVCS, con
un total de 20 PTAR en proceso.
Estos
se encuentran en diferentes fases del ciclo de una APP y en total involucran
inversiones por más de US$ 1.200 millones, que estarán en operación, de ser
gestionado el ciclo del proyecto de manera adecuada, a lo largo de los próximos
cinco años.
La
incursión de operadores privados en la construcción y gestión de esta
infraestructura no es nueva, y recordemos que en el caso de Lima, hay
experiencias positivas en materia de APP con las PTAR La Chira y Taboada, ya en
operación, además de la que se construirá al sur de Lima, en el marco del
proyecto Provisur, las cuales han permitido elevar de manera sustancial la
cobertura en materia de tratamiento de agua residual, a más del 90% en la
ciudad capital.
Si
le damos una mirada al portafolio del sector, encontraremos que la iniciativa
más avanzada (y que será adjudicada en diciembre próximo) involucra a 10 PTAR
que se ubican en el área de influencia del Lago Titicaca y a este conjunto de
plantas se suma el proyecto de una PTAR que prestará servicios a la ciudad de
Huancayo.
El
paquete de proyectos se complementa con plantas que serán desarrolladas, y en
algunos casos rehabilitadas (recuperando la infraestructura existente) en las
ciudades de Trujillo, Chiclayo, Cusco, Cajamarca, Tarapoto, Huaraz, Chincha,
Cañete y Madre de Dios, lo cual evidencia el gran avance que se tendrá en esta
materia.
Todo
este proceso para un sector que muchas veces se veía como prohibido para la
inversión privada, ha sido muy bien comprendido y apoyado por los alcaldes
provinciales involucrados, cuyos Concejos Municipales han dado el paso adelante
delegando el rol concedente en la materia al Ministerio, para que éste los
represente en la concreción de las citadas APP.
Pero
no sólo el sector privado puede incursionar a través de las concesiones para
cerrar la brecha de tratamiento de aguas residuales. Otro gran desafío que se
tiene es promover el reúso de las aguas residuales, sobre todo en zonas de
marcado estrés hídrico, para minería, industria y agroexportación.
En
Lima, hay varios municipios que están reusando estas aguas previo tratamiento
para parques y jardines. En Arequipa, se tiene el caso de la Minera Cerro
Verde, que construyó la PTAR La Enlozada, la que está tratando las aguas
residuales de toda la ciudad de Arequipa para reusarla en sus procesos mineros,
reduciendo la contaminación del río Chili.
Experiencias
como éstas se pueden replicar en otras regiones, como es el caso de la
provincia de Ica, una zona con estrés hídrico y con grandes agroexportadores
que buscan hacer sostenible su crecimiento. Este tipo de oportunidades, en las
que la oferta de las aguas residuales tiene demanda, es escaso.
Es
así como está en proceso una subasta pública para que las aguas residuales de
EMAPICA sean tratadas y reusadas en cultivos agrícolas. Con ésta, la población
de Ica tendrá próximamente una nueva planta que será operada por una
agroexportadora, beneficiando a los iqueños directamente pues dicho servicio no
será cobrado en sus recibos, se evitará la contaminación de sus ríos y este
reúso permitirá que se recargue la napa freática de algunas zonas de Ica.
En
síntesis, la estrategia de cerrar la brecha analizada con aporte del sector
privado dará sus frutos en los próximos años y permitirá un giro de 180 grados
en la calidad de servicio del sector saneamiento. (Redacción EC 24.08.2018 / 12:00 pm)
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