Por
supuesto que el Poder Ejecutivo tiene todo el derecho y la potestad
constitucional de enviar al Congreso de la República los proyectos de ley que
crea conveniente, además la hora presente exige reformas profundas en la
administración estatal en general.
En
efecto, el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha tomado el guante y busca
liderar esa reforma, apurado incluso por la corrupción prácticamente
generalizada en instituciones tan importantes como el Consejo Nacional de la
Magistratura, el Poder Judicial e incluso en el propio Ministerio Público.
No
por gusto hay declaratorias de emergencia en algunas Cortes Superiores de Justicia
(Callao y Cañete) y la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial; sin embargo igual
prioridad reviste la reforma política, siendo por ejemplo dos proyectos de ley
−el N° 3185/2018-PE, que establece la bicameralidad del Congreso de la
República; y el N° 3187/2018-PE, que prohíbe la reelección inmediata de
congresistas− los que merecen un tratamiento muy detenido, profundo y sesudo.
Al
respecto, con meridiana claridad, se puede afirmar que el Ejecutivo no las ha
tenido todas consigo en vista de que en sus proyectos hay varias
inconsistencias, lo que dice mal de los especialistas en derecho constitucional
que se supone trabajan para el gobierno del presidente Vizcarra en su despacho,
en la Presidencia del Consejo de Ministros y en el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. Todo apunta a que faltan constitucionalistas en los
mencionados ámbitos funcionales del Ejecutivo.
Bajo
esa premisa, que no debe perderse de vista, el Congreso de la República, la
academia y la opinión pública de hecho que van a contribuir a mejorar las
iniciativas legales tan débiles de Palacio de Gobierno y que tienen que ver con
la reforma constitucional que establece la bicameralidad y la prohibición de la
reelección inmediata de congresistas.
Como
lo ha indicado el exsenador Enrique Bernales y profesor de derecho
constitucional, se debe solucionar el primer escollo, en el sentido de que así
como están esos proyectos no sirven para nada y deben salvarse las
contradicciones en su articulado y la colisión con la propia Carta Magna. Es
decir, si están mal hechos, tendrán que rehacerse íntegramente.
Igualmente,
antes de pensar en un referéndum, se debe corregir las trampas existentes en
las iniciativas legales del gobierno, como aquella que establece que los
legisladores no pueden ser reelegidos como diputados, pero sí para el Senado.
Entonces, ¿en qué quedamos respecto de la no reelección de congresistas?
De
otro lado, en cuanto se refiere a la bicameralidad, también existen bemoles
como la contradicción en su articulado y peor cuando se establece que los
diputados se eligen por microdistritos y el senado por macrodistritos, pero
este tipo de jurisdicciones no están creadas; y de crearse, ¿cómo garantizar
que no aparezcan los provincialismos y regionalismos trasnochados que están a flor
de piel en amplios sectores de la población?
(Diario Expreso
sábado 25 de agosto del 2018 Fecha 1:10 am)
.jpg)
Comentarios