¿Nuevo gasoducto al ritmo del mercado?

El 28 de julio la española Enagás formuló una demanda contra el Perú en el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial en Washington. ENAGAS está pidiendo que el Estado le devuelva US$ 511 millones de sus inversiones en el Gasoducto Sur Peruano(GSP), que va desde Camisea hasta Arequipa-Moquegua.

El caso ha avanzado. Los abogados de Enagás son el estudio Linklaters de Madrid y CMS-Grau, mientras el MEF ha contratado a Arnold & Porter Kaye Scholer. El abogado chileno Andrés Jana es el árbitro de Enagas. Todavía no se conoce al de Perú. Los dos árbitros tienen que ponerse de acuerdo y designar un tercero. Enagas tiene el 25% de las acciones del GSP. Odebrecht y GyM, tienen el 55 y el 20%. Si los tres hubieran demandado, el total sería US$ 2,044 millones.

Enagás dice que si bien el contrato caducó en el 2017 porque el consorcio GSP no pudo financiar la inversión (por la corrupción de Odebrecht), el Estado debe devolverles el 72% del monto invertido, como señala el contrato, dinero que provendría de una licitación con nuevos postores.

No se sabe con exactitud los argumentos del Estado, pero hay trascendidos: el contrato no estaría consumado porque no hubo cierre financiero, lo que se apoyaría en cláusulas contractuales.

El gobierno tiene que ser transparente. Debe decirnos el por qué de esa decisión y su estrategia ante el tribunal. El proceso va a durar varios años, se pagarán millones a los abogados y, lo que es peor, podríamos perder 2 mil millones de dólares.

La cosa continúa. El ministro de Energía, Francisco Ísmodes, dijo que la consultora británica Mott MacDonald hará la propuesta integral para el GSP (El Comercio, 11/06/18). Se barajan tres alternativas: mantener la ruta existente, hacer un gasoducto costero o transportar el gas por mar, desde la planta de Peru LNG en Cañete hasta algún puerto en el sur donde se construiría una regasificadora.

Leyeron bien. La consultora británica –que se guía, en esencia, por la rentabilidad de las inversiones– nos va a decir “qué hacer”. Eso no debe aceptarse. La ruta del GSP ya está trazada y se apoya en leyes que lo declaran de interés nacional. El proyecto original puede y debe ser reformulado y modificado, claro que sí (la tasa de interés del 12% de dicho proyecto era insostenible y debe reducirse, por ejemplo).

Ocurre que se están haciendo negocios con el gas. El primero es de Peru LNG que actualmente exporta el gas del Lote 56, lo que consiguió durante Toledo con el “lobbysta” PPK y terminó en un pésimo contrato con la CFE de México que nos ha causado pérdidas de miles de millones de dólares.

Pero hay otros interesados. Ha dicho Jorge Ramos (de la colombiana Contugás que distribuye gas en Ica) que hay una negociación bastante avanzada con Pluspetrol y una empresa petroquímica (no reveló el nombre) para una inversión de US$ 2,500 millones en una planta de amoníaco-úrea en Marcona, la que consumiría 220 millones de pies cúbicos diarios de gas (El Comercio, 03/09/2018). ¿Los negocios deciden?

Si esto es así, chau a la petroquímica (PQ) en Ilo y Mollendo, pues ya no habría la demanda de 220 mmpcd, indispensable para “llenar” el gasoducto en su trazo original. Solo quedaría, como demanda “fuerte”, la de las centrales a gas del Nodo Energético del Sur, lo que es insuficiente.

Estos “planes de negocios” nos dicen que sí hay suficientes reservas de gas, sobre todo del Lote 58, de la estatal china CNPC, lo que venía siendo negado por los opositores al GSP. Como ya no habría GSP, CNPC ha comenzado conversaciones con Pluspetrol para sacar “su” gas por Pisco, como lo reveló en setiembre el gerente de la argelina Sonatrach, socia de Camisea. CNPC siempre manifestó un fuerte interés para viabilizar el GSP. Pero si el gobierno no quiere GSP, CNPC busca otros caminos. Lógico.

PPK nos metió en un arbitraje por su rabo de paja con Odebrecht. Pero el presidente Vizcarra no tiene por qué seguirlo. Que nos expliquen por qué el arbitraje. Y mientras se impone la transparencia, el tema de la corrupción (si existe) debe ser “encapsulado” e ir a una nueva licitación, con los cambios correspondientes para un proyecto integral: oferta asegurada del Lote 58 de CNPC, contrato modificado para el GSP y demanda asegurada en todo el trayecto hasta Ilo y Mollendo, incluida la PQ. El presidente Vizcarra conoce el GSP, la importancia de la PQ y los planes con Bolivia. ¿Por qué ahora el silencio frente a estos “negocios” que enajenan los derechos de los pueblos del sur?

Mientras no haya un Plan de Mediano Plazo vinculante para saber adónde va nuestra matriz energética, el sector privado seguirá haciendo negocios porque considera a la energía como un “commodity” más. Ese Plan debiera ser el primer punto de la agenda energética, donde se debe incluir la Ley de Hidrocarburos y la masificación del gas a nivel nacional, varias veces postergada, sobre todo la de Ayacucho y Huancavelica. Cuidado con no “medir” lo que el país quiere, sobre todo los pueblos del sur.