Escribe Vladimir
Rojas·Martes, 26 De Febrero De 2019.
Es cierto cuando
dicen que, al congreso en vez de padres, llegan “padrastros” de la patria. Y
ahora con la demarcación territorial vuelven a generar más lagunas y perjuicios
en algo que Cañete espera resolver con la provincia de Chincha.
Cierto es que, para
el Estado, la demarcación territorial sólo es un asunto cuyo fin no trasciende
de lo escrito. Hasta ahora, las Leyes 27795, 29533 y 30187, han buscado
mejorar, implementar, fortalecer mecanismos que no han resuelto nada, y en
nuestro caso, el proceso para remitir el proyecto de Ley al Congreso sigue
detenido.
Ayer, se publicó otro
dispositivo, la Ley 30918 que nuevamente modifica el proceso para demarcar los
territorios de Cañete con Chincha, Lima Metropolitana con Huarochirí, y Lima
Provincias con Huancavelica. En esta ocasión, o los congresistas no se dieron
cuenta de lo que aprobaron o existen otros intereses que merecen ser
descubiertos.
OTRA LEY MÁS. Siguen
enredando la demarcación, y ahora sacan la Ley 30918.
Por ejemplo, ahora ya
está previsto la consulta popular, para cualquier controversia donde no haya
acuerdo entre las partes. La población consultada será la del ámbito dónde haya
superposición de propuestas técnicas. Todo ello está previsto en el Artículo 12
que rige a partir de la fecha.
Eso podría aplicarse
en el caso Cañete y Chincha, si es que para el Estado resulten irrelevantes los
informes de demarcación que hemos logrado a nuestro favor en estos últimos
años.
La trampa está
regulada en el artículo 15 que se incorpora a la ley de demarcación
territorial. Ahora se señala que en tanto no haya límites saneados legalmente,
son aplicables los informes dirimentes emitidos a partir de la vigencia de
dicho artículo. Y claro está, que ese artículo no existía hasta ayer lunes 25
de febrero.
Dónde habrán tenido
sus preocupaciones Elard Melgar, Gisela Andrade, Percy Alcalá y Lisbeth Robles
que no observaron tal norma antes de ser promulgada por Martín Vizcarra.
Gracias a su falta de diligencia, ahora la demarcación de Cañete corre la
suerte de realizarse en una consulta, sin que se tomen en cuenta los dos
informes técnicos que hemos logrado en forma favorable al día de hoy.
Bueno, aún la Ley no
está reglamentada, eso se hará en 45 días, así que señores congresistas,
enmienden sus omisiones, porque si las pautas complementarias se emiten
avalando lo antes señalado, se habrán ido a la basura, años de lucha por
reclamar lo que es debido a Cañete.
CONSULTA POPULAR. Es
cierto que ante una eventual consulta, los moradores de Nuevo Ayacucho se
adhieran a Cañete, pero como sociedad, provincia y región debemos integrarlos
sin marginación
El Concejo Provincial
debe sumarse en la tarea, designando una comisión, con personas notables para
zanjar de una vez la demarcación, a la par que el Consejo Regional acuerde declarar
de interés este trabajo de carácter regional.
Lo que se rescata de
esa Ley, es que por fin el gobierno regional es soberano en definir los límites
provinciales y distritales. Y aquí también los alcaldes distritales deben
sumarse, cuándo sean convocados para armar el expediente provincial de
demarcación de Cañete.
NO SE DUERMAN
AUTORIDADES, SINO EN NUESTRAS NARICES PERDEREMOS UNA DEMARCACIÓN CLARA HASTA LA
QUEBRADA DE TOPARÁ.
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