Escribe Vladimir Rojas.
El Control es
necesario entre poderes del Estado, de ahí la necesaria intervención la tarde
de ayer del presidente Vizcarra con su “Cuestión de Confianza” al Legislativo,
por la censurable decisión de archivar tan evidentes infracciones del Fiscal de
la Nación.
El Control también es
necesario en la administración pública, y en los gobiernos subnacionales, como
gobiernos regionales y municipales, los primeros llamados son los órganos de
fiscalización y legislativos, dónde abundan regidores y consejeros.
Pero el control más
especializado, es el interno, o conocidos comúnmente como Oficinas de Control
Institucional. Lo correcto en estos años de descentralización, es que, así como
se ha fortalecido que cada gestión promueva inversión pública, también tenga
capacidad de controlar lo que hace. Lamentablemente, hemos retrocedido, y la
desconfianza popular va en ascenso.
Por ejemplo, se tiene
previsto para fines de este año que, la Contraloría General de la República
asuma la carga presupuestal de las oficinas de control en todos los municipios
del país. Es una forma decorosa de centralizar la labor, e independizar de los
gobiernos subnacionales a quienes deben ejercer control sobre ellos.
No sólo se los
designará, también desde Lima se les pagará sus sueldos a los órganos de
control institucional. La medida se hace necesaria ante la precaria forma de
ver y servir a la administración pública por las clases políticas en las
provincias. Es una medida de retroceso, porque no debemos acceder al
centralismo, pero por nuestros errores, debemos aceptarlo.
Pero eso no garantiza
la eficiencia de un mejor control, mientras la fiscalización sigue relegada a
normas vetustas y a decisión del pliego en región y municipios.
Sólo nos basta citar,
como en las últimas semanas, la actuación de las procuradurías se subordina al
libre criterio (de oficio) de los designados a dedo por quién debe ser
controlado. Ahí es donde deberían cambiarse las reglas, y focalizar que sin
consentimiento de los concejos se incurran en faltas, así como que cada
actuación sea comunicada y documentada a quienes regentan la fiscalización.
De la misma forma,
debería abrirse el debate, para que los regidores y consejeros en sus órganos
colegiados, tengan la atribución para censurar malos funcionarios, y separarlos
de la administración pública.
Que la medida sobre
las oficinas de control institucional se adecua a nuestra realidad, que no
quepa duda. Pero, desde hace años, los gobiernos regionales y municipales
manejan millones de recursos, y el control sigue siendo incipiente.
Que dependan o no del
municipio, no garantiza transparencia y mejores resultados. El reto es mayor, y
para eso los fiscalizadores sólo deben hacer sentir su voz.
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