Defensoría del Pueblo: debe convocarse a instancias contra violencia hacia mujeres en Cañete y Yauyos
Pese a altos índices de violencia, las sesiones
de esta instancia se habrían suspendido por la emergencia sanitaria por el
COVID-19.
Ante las elevadas cifras de casos de violencia familiar registradas en las provincias de Cañete y Yauyos, ocurridos en gran parte durante la emergencia sanitaria, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur instó a las autoridades distritales de estas dos jurisdicciones a tomar medidas inmediatas a través de las instancias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
De acuerdo a cifras de la Policía Nacional, las comisarías ubicadas en las provincias de Cañete y Yauyos registran más de 340 denuncias por violencia familiar en lo que va del año. Además, se reportan más de 140 casos atendidos por el Centro Emergencia Mujer (CEM) de la comisaría de San Vicente de Cañete. Por otro lado, según reportes de la Defensoría del Pueblo, entre el 2019 y lo que va del 2020, la provincia de Cañete registra cuatro feminicidios.
Sin embargo, pese a estas cifras, las autoridades municipales de Cañete y Yauyos no habrían convocado a ninguna sesión de las instancias de concertación de sus respectivos distritos presuntamente por la pandemia, lo que habría originado que muchas instituciones opten por efectuar labores de manera remota. Sin embargo, no se habría tomado en consideración que el uso de la tecnología permite actualmente reuniones mediante plataformas virtuales.
Esta situación fue corroborada al comunicarse con las autoridades de Cañete, Chilca, Mala y Yauyos. En el caso de Mala, además, no habría implementado aún este mecanismo de trabajo, pese a ser una obligación establecida en la Ley N° 30364 o Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Tras estos hallazgos, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur, Percy Tapia, recordó la obligación que tienen los gobiernos locales en la articulación, formulación, implementación y evaluación de los planes contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar en sus respectivas jurisdicciones. Además, precisó los alcances del Decreto Legislativo N° 14702, que establece la continuidad de las instituciones involucradas en el cumplimiento de la Ley N° 30364 durante el estado de emergencia sanitaria.
En ese sentido, el representante de la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades provinciales de Cañete y Yauyos, así como del distrito de Chilca, a que adopten las acciones pertinentes para que, en el más breve plazo, convoquen a reunión virtual las y los representantes de sus respectivas instancias de concertación. De otro lado, en el caso de Mala, el llamado fue a implementar lo más pronto posible este mecanismo de prevención y lucha contra la violencia.
Cabe indicar que las instancias de concertación son mecanismos establecidos en la Ley N° 30364 cuyo objetivo es adoptar políticas dirigidas a prevenir cualquier tipo de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. En el caso de los gobiernos locales, se encuentran presididas por las municipalidades distritales e integradas por representantes de la Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, centros poblados menores y organizaciones comunales, así como de los CEM, Unidades de Gestión Educativa Local y Red de Salud, entre otras instituciones.
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