Rafael Romero
29 Nov 2020 02:30 am
Recibimos la denuncia y preocupación sobre diversos problemas sociales. Uno es el tráfico de tierras, donde Cañete se lleva la marca mayor a vista de las autoridades. Respetables ciudadanos son propietarios y posesionarios legítimos de predios en Chilca, Mala, Asia y Cañete, quienes denuncian que viven en permanente estado de amenaza para sus vidas debido a las mafias de terrenos. La Policía Nacional, el Ministerio Público, la Corte Superior de Justicia de Cañete y la Sunarp no hacen nada, y malos funcionarios estarían coludidos con traficantes e invasores de terrenos.
Esos ciudadanos han hecho denuncias que, lamentablemente, no han prosperado para más desprestigio del Estado. Ellos solicitan un cambio sustancial en la Corte Superior de Justicia de Cañete, a la luz de lo revelado en el Exp. N° 2551-2016-CAÑETE (OCMA). El órgano de control judicial resolvió -mediante Resolución N° 51- imponer medida disciplinaria de suspensión a tres de magistrados denunciados: un expresidente de la Corte Superior de Cañete, en su función como jefe de la Odecma, y dos vocales de la Sala Penal de Apelaciones. El cuarto denunciado, entonces presidente de la Sala Penal de Apelaciones, fue propuesto para ser destituido.
Las sanciones de Ocma fueron apeladas ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el que luego de encarpetar el expediente por dos años, de manera inconsistente los absolvió como consta en el Cuaderno de Apelación N° 2551-2-2016-CAÑETE. Ello a pesar de que, para entonces, se conocía que dichos magistrados estaban siendo investigados como presuntos miembros de la organización criminal “Los Intocables del Sur Chico”, organización con supuestos nexos al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
En noviembre de 2019, la Segunda Fiscalía Transitoria Especializada de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos (Caso Fiscal 264-2019), a cargo de la fiscal Dra. Bersabeth Revilla, abrió investigación contra los magistrados referidos, incluyendo en ella al expresidente de la Junta de Fiscales de Cañete y a otro juez, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias en agravio del Estado.
Por otro lado, ante la gravedad del Caso Fiscal N° 39-2017, la Disposición Fiscal de Derivación N° 15-2019 y lo que conoce la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ica y Cañete, los ciudadanos exigen al presidente Francisco Sagasti, al presidente del PJ, a la fiscal de la Nación y la JNJ, remover a los funcionarios cuestionados.
@RafaelRomeroVas
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