Humberto Campodónico
@larepublica_pe
24 Abr 2021 | 6:04 h
Actualizado el 24 de Abril 2021 | 6:04 h
Frustración. Asociaciones Público Privadas (APP) fracasan
en la masificación del gas domiciliario en el Perú.
Desde el 2005, los sucesivos gobiernos no han podido llevar
el gas a los hogares de millones de peruanos, sobre todo a los pueblos del sur.
Han querido ejecutar la masificación sin que exista una autoridad nacional, sin
construir una red nacional de gasoductos, otorgando pequeñas concesiones de
Asociaciones Público Privadas con reglas, precios y subsidios distintos. Es
hora de sacar las lecciones y diseñar una nueva política de masificación
nacional que recupere la soberanía nacional sobre el uso y destino de los
recursos naturales.
Gasoductos son cruciales
Los mapas de la infraestructura de gasoductos en Bolivia y
Colombia se parecen a una telaraña, recorren todo el país de norte a sur, de
este a oeste. Conectan los yacimientos de gas con ciudades grandes, medianas y
pequeñas. Proveen de energía más limpia y barata a las industrias, a las
centrales eléctricas a gas, a los autos y camiones y, también, a millones de
hogares. En el gráfico # 1 vemos el mapa de Bolivia; el de Colombia es similar.
A diferencia de esos países, en el Perú solo hay dos
gasoductos que salen de Camisea: uno que viene a Lima y otro a Pampa Melchorita
(Cañete) para la exportación a México. Hay un tercero, pequeño, de Humay a Ica.
No hay más.
La existencia de una red nacional de gasoductos es
condición sine qua non para proveer energía menos contaminante y más barata.
Esa red la encontramos en EEUU, en la Unión Europea, en Argentina, en Canadá.
Los gasoductos no pueden ser sustituidos por camiones-cisterna de gas licuado o
comprimido (salvo en pequeñas cantidades y para lugares específicos) porque su
costo es mucho mayor.
En Bolivia la red de gasoductos permitió el impulso a la
masificación por la estatal YPFB desde el 2006: hoy existen un millón de
conexiones a 5,5 millones de hogares, el 48% de la población (ver gráfico # 2).
En Colombia, la red nacional, impulsada por la estatal Ecopetrol (ECP) desde
los años 80, le permite llevar gas a 9 millones de hogares: el 71% de la
población.
El gas llegó a Lima en agosto del 2004 y sus inversiones
fueron ampliamente subsidiadas: pago de aranceles en 7 años, garantía para el
gasoducto, venta mínima garantizada por la central de Ventanilla. No olvidarlo.
A la fecha tenemos, igual que Bolivia, 1,1 millones de conexiones también para
5,5 millones de hogares, pero acá representan solo el 16% de la población. El
85% de esas conexiones está en Lima (gráfico #2). Siempre el centralismo.
El gas de Camisea está en el Cusco, pero no hay gasoducto
ni conexión domiciliaria; tampoco en Cerro de Pasco, Huancavelica, Ayacucho,
Apurímac, Junín y Puno. Los pueblos del sur protestan desde hace años porque
quieren igualdad.
Quieren lo que tiene Bolivia, Colombia y Lima: gas
domiciliario, que es 50% más barato que el GLP. Así, el pago de la energía en
el hogar ya no se llevaría del 10% al 15% del salario mínimo.
Rentabilidad social
La masificación en Lima ha avanzado porque hay centrales
eléctricas y grandes industrias que consumen abundantes cantidades de gas. Esos
ingresos permiten la inversión en las tuberías que atraviesan toda la ciudad
para llevar el gas a los domicilios, donde cada uno de ellos consume una
cantidad muy pequeña.
Veamos las cifras: en el 2019 los 761.000 hogares (al 2021
son 911.000) son el 93% del total de clientes, pero solo representan el 2% del
total del consumo (cuadro #1). Lo contrario sucede con las 24 centrales
eléctricas y los 27 grandes clientes industriales: consumen el 72% del total.
Pero esos grandes consumidores no existen en la sierra. La
concesión no se puede autofinanciar. La rentabilidad económica no es viable. La
política económica y energética tiene que cambiar el “chip” del Estado
subsidiario. Lo que existe es la rentabilidad social: el acceso al gas natural
como un derecho garantizado por el Estado, igual que el acceso al agua y
desagüe y a la electricidad, a los que ahora se agrega el Internet como derecho
humano.
Autoridad nacional
Si la rentabilidad económica fuera el concepto eje, en
Colombia solo habría masificación domiciliaria en Bogotá y, quizá, en Medellín
y Cali. En Bolivia, habría masificación solo en La Paz, Santa Cruz y El Alto.
Pero ese concepto se desechó. Colombia optó en 1991 por un
Plan Nacional de Masificación para estimular la exploración, encargar a ECP la
construcción de una red troncal de gasoductos, crear una empresa para la
gestión de los gasoductos y conformar un mercado con los sectores industrial,
comercial y residencial. Hubo importante sinergia con el capital privado:
durante muchos años ECP fue accionista mayoritario de Promigas (vendió sus
acciones en el 1996). En 1997 se creó la estatal Ecogas para impulsar la red de
gasoductos; fue vendida al Grupo de Energía de Bogotá (propiedad de la
municipalidad de Bogotá) en el 2006. Promigas y GEB son los inversionistas más
importantes en la distribución de gas en el Perú.
En Bolivia, desde el 2006, el Gobierno elaboró el Plan
Nacional de Desarrollo Energético y la Estrategia de Hidrocarburos, que fijan
los roles del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB (que fue “resucitada”). Se
renegociaron los contratos de gas –con participación mayoritaria de YPFB en
algunos casos– lo que le devuelve a Bolivia la soberanía sobre sus recursos
naturales: comenzó su industrialización y la masificación del gas.
Perú no ha aplicado el criterio de “industria naciente” de
Bolivia y Colombia. La “masificación” ha sido desordenada, otorgando
concesiones bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), a través de
Proinversión y del MEM (1).
Hoy existen seis concesiones otorgadas: Lima y Callao
(Cálidda; GEB y Promigas), Ica (Contugas; Promigas), ciudades del norte
(Quavii; Promigas), ciudades del sur (Naturgy, España), Tumbes (Clean Energy) y
Piura (Gasnorp; Promigas), cada una con razón social distinta (ver gráfico #
3).
La concesión de las siete regiones de la sierra central y
sur, también con APP, ha sufrido múltiples postergaciones desde el 2005 y aún
no se otorga porque Proinversión insiste en encontrar lo que no existe: la
rentabilidad económica. La cereza del fracaso: las regiones más pobres, ahí
donde está el gas, no tienen concesión.
Los regímenes de precios y subsidios son distintos. Lima y
Callao e Ica tienen subsidio del FISE y no las demás. Solo Lima e Ica acceden
al gasoducto de Camisea a Pisco-Lima y tienen gas más barato. En Piura hay gas
en Talara, lo que puede abaratar el costo. No sucede así con Quavii y Naturgy,
cuyo acceso al gas tiene sobrecostos. Uno, el costo de licuefacción en la
planta de Peru LNG en Cañete. Dos, el transporte por camiones cisterna hasta su
destino. Tres, el costo de regasificación en el punto de destino.
Por eso el gas natural en Arequipa y Chiclayo cuesta el
doble que en Lima, lo que elimina su competitividad frente a los sustitutos,
como el GLP y el diésel (ver cuadro #2) y desincentiva la inversión privada.
¿Se imaginan que, por ejemplo, la gasolina en Arequipa pudiera costar el doble
que en Lima? Por eso Naturgy renunció a la concesión en el 2020, siendo
reemplazada “de emergencia” por Petroperú.
Nueva licitación
El Ministerio de Energía y Minas ha retomado el proyecto
de gasoducto al sur (SIT-Gas). Recordemos que el Gasoducto Sur Peruano caducó
en enero del 2017, pues el consorcio formado por Odebrecht, GyM y Enagas no
consiguió financiar el proyecto debido a la corrupción de Odebrecht. Se estima
que la inversión en los tubos es de US$ 1.200 millones, pero debe ser objeto de
un peritaje. Mientras, se está pagando US$ 47 millones anuales a Estudios
Técnicos SAS para que “cuide” los tubos: ya van US$ 180 millones.
Se encargó la revisión del proyecto en el 2018 a la
consultora inglesa Mott MacDonald (MMD). Esto era necesario, pues había múltiples
acusaciones de corrupción, falta de reservas, de demanda e inflación de costos.
Sus conclusiones en el 2020 indican que debe volver a licitarse el gasoducto,
pues existen las reservas y la demanda. Además, reafirma que el trazo sigue
siendo el de la sierra sur hasta Ilo y Mollendo: es más económico que las otras
dos alternativas analizadas, el transporte marítimo y el gasoducto costero (2).
La nueva licitación debe ser aislada de las dos investigaciones de corrupción
que está realizando la Fiscalía, las que deben seguir su debido proceso.
El gasoducto del sur permitirá, de un lado, desconcentrar
la oferta de energía eléctrica (el 50% está en Chilca) con las centrales a gas
de Ilo y Mollendo (500 MW cada una) y, de otro, impedir el alza de tarifas
eléctricas a partir del 2024. Lo más importante: el gas del Lote 88 que tiene
precios regulados dotará de energía barata a los hogares de millones de
peruanos, sustituyendo al caro GLP. Y llegará también a autos y camiones, a la
industria y el comercio. En pocos años podríamos llegar a la cobertura nacional
que hoy tienen Bolivia y Colombia.
Conclusiones
La masificación del gas debe ser una política de Estado.
Necesita una Autoridad Nacional que lo dirija y que promueva la construcción de
gasoductos. Debe haber una política nacional unificada de precios y subsidios.
Para la masificación domiciliaria rige la rentabilidad social. La rentabilidad
económica va para la industria, el comercio y las centrales eléctricas,
principalmente.
¿Por qué los sucesivos gobiernos no han sido capaces de
aplicar el ABC de la masificación? La razón central es que los licenciatarios
son los dueños de la molécula de gas, de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos de
1993. Como el gas (y el petróleo) no le pertenecen al Estado, este se ve
limitado en sus atribuciones, por ejemplo, en la decisión sobre el destino de
los recursos. Además esos convenios son contratos-ley, conforme al artículo 62
de la Constitución de 1993, y solo pueden ser modificados por acuerdo entre las
partes.
Con las reglas actuales, el Estado tampoco puede tener un
Plan de Largo Plazo para decidir la futura matriz energética, porque eso podría
ser contrario –y en muchos casos lo es– a los planes de los empresarios sobre
cómo usar la molécula para beneficio propio. El Estado ha abdicado de sus
responsabilidades esenciales en materia energética. Eso debe terminar.
La segunda razón es el principio de la subsidiariedad del
Estado en la actividad empresarial (art. 60, Constitución de 1993), que no
existe en ningún otro país de América Latina. Eso impide a los funcionarios el
impulso a la masificación a través de sus empresas estatales. La subsidiariedad
les instala este “chip”: el Estado es siempre malo, hay que reemplazarlo y
también recortar el rol de la inversión pública. Es la receta inversa de la
fórmula exitosa de Bolivia y Colombia.
Solo así se pueden entender todos los absurdos analizados
en este informe. Destaca con luz propia el esquema de las APP para la
“masificación a puchos”, concebido para dejar fuera a Petroperú que, sin
embargo, ante la renuncia de Naturgy, ha tenido que hacerse cargo de esa “papa
caliente”. Está claro: se necesita un consenso positivo de largo plazo para
Petroperú, como existe para las estatales de hidrocarburos en Bolivia, Colombia
y Chile.
Si nos enrumbamos en esa dirección, entonces sí será
posible recuperar la soberanía sobre el destino de nuestros recursos naturales
y la llegada del gas a millones de hogares con energía barata y menos
contaminante, reduciendo la desigualdad y abriendo el camino a un nuevo pacto
social. Esta es solo la primera tarea. Muchas más están en la agenda.
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