Según
fuentes de Perú21, la información de Inteligencia indicaba que el empresario se
encontraba en su casa de Asia.
REDACCIÓN
PERÚ21
Actualizado
el 11/10/2022 08:52 a.m.
El
dueño de la casa de Sarratera, Alejandro Sánchez Sánchez está no habido de la
justicia luego que efectivos de la Policía Nacional y un equipo de fiscales
acudan a su domicilio para el cumplimiento de una detención preliminar de 10
días. Según fuentes de Perú21, la información de Inteligencia indicaba que el
empresario se encontraba en su casa de Asia.
“(Se
dispone) detención preliminar judicial por el plazo de 10 días naturales por la
presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública —organización
criminal— prevista y sancionada en el artículo 317 del Código Penal”, se lee en
el documento al que accedió este diario.
Orden
de detención preliminar emitida por el Poder Judicial.
Cabe
recordar que la casa de Asia (Cañete) ya fue anteriormente allanada por la
Policía, que tenía información de Inteligencia que en esa vivienda se escondía
el prófugo sobrino Fray Vásquez Castillo. Tras el operativo, Sánchez llamó a
Oscar Arriola, jefe de la Dircote, y afirmó que hablaría con el investigado
para que se ponga derecho ante la ley.
Foto
del allanamiento en la casa de Asia cuando la Policía sospechó que sirvió de
refugio de Fray Vásquez.
El
juez Víctor Zúñiga dictó una orden de detención preliminar contra seis
involucrados del caso Sarratea, entre los que se encuentran Sánchez y Salatiel
Marrufo, el exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda de la gestión del
exministro Geiner Alvarado. Otro personaje implicado es el empresario chotano
Abel Cabrera.
Tanto
Sánchez, como Marrufo y Cabrera son conocidos como “Los Chiclayanos”, grupo de
empresarios que utilizaron su vínculo con el presidente Pedro Castillo para
lograr financiamientos a obras públicas que luego serían adjudicadas por ellos.
Para
la Fiscalía, Alejandro Sánchez financió la campaña presidencial de Castillo con
“activos económicos de origen desconocido” para luego reclamar su cuota de
poder e influenciar en el nombramiento de funcionarios, “para después dar paso
a coordinaciones colusorias en las contrataciones públicas que gestiona
ilegítimamente la organización criminal”.
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