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¡FISCALIZAR TIENE SU COSTO! DEJAN SIN DIETA A LA CONSEJERA BLANCA VICENTE PRADA
Mientras
todos los consejeros regionales cobraron sus dietas correspondientes al mes de
julio, hay un nombre que no aparece en la relación: el de la consejera regional
por la provincia de Cañete, Blanca Vicente Prada. Una situación que vuelve a
encender el debate sobre el verdadero costo de ejercer una labor de
fiscalización en el Gobierno Regional de Lima.
No
es un secreto que Blanca Vicente se ha convertido en una de las autoridades más
incómodas para la actual gestión regional. Sus constantes denuncias sobre
presuntas irregularidades, cuestionamientos a la ejecución de obras y pedidos
de transparencia le han valido más de un enfrentamiento político dentro del
Consejo Regional.
Lo
curioso del caso es que, mientras a la consejera que fiscaliza le retiran la
dieta, otros consejeros oficialistas continúan percibiéndola sin mayores
inconvenientes. En el caso de Cañete, su colega consejero regional,
identificado con la línea oficialista, no registra hasta la fecha una sola
denuncia pública ni un acto de fiscalización relevante sobre las obras
ejecutadas por el Gobierno Regional de Lima desde el año 2023. Tampoco se le
conoce algún pronunciamiento firme respecto a posibles irregularidades o
cuestionamientos en la inversión pública desarrollada en la provincia y la
región.
La
ironía es inevitable: al parecer, fiscalizar sale caro, pero guardar silencio
sí tiene recompensa. Quien incomoda al poder es sancionado; quien no pregunta, no
cuestiona y no fiscaliza, cobra su dieta sin sobresaltos.
La
ciudadanía tiene derecho a preguntarse cuál es el verdadero rol de un consejero
regional. ¿Levantar la mano y aprobar todo lo que propone el Ejecutivo Regional
o representar y defender los intereses de la población ejerciendo un control
político efectivo?
Porque
la fiscalización no es un favor ni un capricho político. Es una obligación para
la que fueron elegidos. Y cuando una autoridad es castigada por cumplir con su
función, el mensaje que se envía es tan preocupante como evidente.
¿En
el Consejo Regional de Lima se premia el silencio y se castiga la
fiscalización? La población tiene la palabra.
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